Hay fronteras que la política macroeconómica no debería cruzar jamás, pero el dogma del "déficit cero" que se impone desde la Casa Rosada ya demostró que no tiene límites éticos ni humanos. Lo que denunció el presidente de la Asociación de Diálisis de Corrientes, Darío Abelardo Zapata, a través de Radiofmtotal, ya no es un debate sobre planillas de Excel o tijeretazos administrativos: es una condena a muerte en cuotas para más de 110 pacientes renales de nuestra provincia que dependen de la medicina de alta complejidad para seguir respirando.

El programa nacional Incluir Salud, encargado de financiar los tratamientos de los sectores más vulnerables de la sociedad —personas con discapacidad, pensiones no contributivas y sin cobertura de obra social— se transformó en una trampa mortal. La deuda acumulada con los centros privados de diálisis de Corrientes asciende a la escalofriante cifra de 1.700 millones de pesos. El dato político y fáctico que desnuda el ensañamiento es que los recursos dejaron de llegar en diciembre de 2024, coincidiendo exactamente con el inicio del ciclo de shock fiscal del gobierno libertario. Desde entonces, los prestadores vinieron absorbiendo costos dolarizados, insumos importados y equipamiento especializado a pura pérdida, hasta llegar a un límite técnico e insostenible.

El primer eslabón del abandono: sin transporte para sobrevivir

Las consecuencias de este ahogo financiero planificado ya se cobran las primeras víctimas en el tejido social. Empresas privadas de transporte suspendieron de forma total el traslado de los pacientes hacia los centros de diálisis debido a la falta de pago de las prestaciones. Para un paciente renal del interior profundo, que debe movilizarse tres veces por semana de manera obligatoria hacia los centros urbanos de atención, la quita del transporte es, en la práctica, la interrupción forzada de su tratamiento. Suspender la diálisis significa el colapso fatal del organismo en cuestión de días.

Ante este panorama de desamparo absoluto, donde los establecimientos privados ya analizan bloquear el ingreso de nuevos pacientes porque no tienen fondos ni para los filtros de las máquinas, la pregunta que nos hacemos es inevitable: ¿Dónde está el Estado Provincial? ¿Dónde están el gobernador Juan Pablo Valdés y sus ministros para blindar la salud de los correntinos?

Gobernantes relatores y copartícipes del dolor

Incluir Salud es un programa de fondos nacionales pero de gestión y transferencia provincial. La administración de "Vamos Corrientes" no puede sacarse el lazo con la pata ni fingir demencia corporativa. Mientras el oficialismo provincial viaja a Buenos Aires a rendirle pleitesía al modelo de Javier Milei, a aplaudir las privatizaciones y a justificar el desguace del federalismo a cambio de alguna foto política, enhospitales de Corrientes la gente se queda sin diálisis.

Si el sistema privado colapsa y cierra sus puertas, el sistema público de salud de Corrientes es absolutamente incapaz de absorber la demanda de esos 110 pacientes. Lo sabemos perfectamente: faltan médicos, los insumos escasean y la infraestructura hospitalaria del interior arrastra décadas de abandono.

Estamos frente a una incompatibilidad moral flagrante. Los gobernantes locales no pueden seguir actuando como relatores de una tragedia humanitaria de la que son corresponsables por omisión y sumisión política. Pararse de manos ante el Gobierno Nacional ya no es una opción de estrategia partidaria; es una obligación constitucional para defender la vida de nuestra comunidad. Si el gobernador y sus intendentes alineados prefieren cuidar la pauta y la alianza electoral con la Casa Rosada antes que girar los fondos de emergencia para salvar a estos 110 comprovincianos, la historia y el pueblo se lo van a demandar con el rigor de la memoria.