Por Eugenía Rodríguez

La fuerte caída en el poder de compra de los ingresos de la mayor parte de la población aumentó el número de personas que se endeuda para afrontar gastos de la vida cotidiana como alimentos, ropa y el pago de servicios básicos (luz, gas, agua e internet). Esta situación se agravó en el contexto actual dando paso a crecientes niveles de endeudamiento, sobre todo en hogares sostenidos por mujeres que recurren, generalmente, a canales más informales de crédito con altas tasas y condiciones poco claras. Así lo señalaron especialistas consultadas por este medio que afirmaron que el programa de desregulación económica está “acelerando la violencia económica” al punto de “comprometer la subsistencia de amplias capas de la población”.

Al respecto, en los últimos años, incentivado por la crisis económica generada desde 2018, el posterior impacto de la pandemia y el proceso inflacionario sin freno se fue incrementando el número de mujeres que necesitan endeudarse para poder acceder a artículos de primera necesidad. Así en nuestro país el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% usa ese crédito tomado para comprar comida o medicamentos, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), dando paso a un escenario atravesado por demoras tanto en el pago de impuestos y servicios como de tarjetas de crédito, deudas en comercios, y préstamos bancarios e informales.

Esto se vinculada además con las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres cuando se insertan en el mercado laboral, que se agravan en una coyuntura de recesión que aumenta la precarización y la pérdida de fuentes de trabajo en la economía, sobre todos de aquellos sectores mano de obra intensivos y más dependientes del mercado doméstico, donde más suelen insertarse las trabajadoras que ya ni siquiera se endeudan para financiar un viaje, sino para hacer frente a los gastos para la reproducción de la vida (cargas de cuidados, alquileres, salud, educación, etc).

“La oferta de deuda y a tasas mucho más onerosas se vuelve más fácil con las plataformas, porque se dinamiza en un contexto de restricción de ingresos y donde muchos emprendimientos de la economía popular se gestionan a través de estas. Entonces, al contrario de lo que dice el gobierno respecto de que esas actividades o que las mujeres mismas que sostienen la economía doméstica son improductivas, vemos que el negocio financiero apunta cada vez más a esos sectores”, señaló Luci Cavallero integrante de Ni Una Menos a este medio. En relación, la economista Lucía Cirmi alertó por el “peligro” que genera “un endeudamiento que es para cubrir gastos corrientes, porque una cosa es endeudarse para emprender y producir, con la idea de que el día de mañana se va a ganar más plata para poder pagar el crédito, y otra lo que sucede ahora que se gasta crédito en comida, y cuando hay que ir que pagar el crédito y el interés que genera, billetera va a ser la misma. Es decir, no hay un presupuesto distinto que te asegure que pasado mañana se va a estar mejor”.

La subsistencia de los hogares argentinos

A partir del conjunto de desregulaciones que promovió el DNU 70/2023 aún vigente, el costo de financiar gastos corrientes como alimentos y medicamentos con tarjeta de crédito (principal forma de deuda, en torno al 40%) se encareció mucho más, se eliminaron los topes de interés punitorio que las empresas pueden aplicar por pagos mínimos y atrasos, y las familias tienen ahora que hacer frente a subas mucho más altas que las del 2023, donde existía un límite por sobre la tasa de financiación. Asimismo, la liberación de precios del programa económico actual perjudica a los comercios y genera, vía circuitos desregulados, una mayor desprotección ciudadana en una coyuntura que incrementa la necesidad de herramientas para tratar de llegar a fin de mes.

“Con la desregulación de la economía vigente, particularmente focalizada en los efectos del Decreto 70/23 del mes de diciembre, hay un salto en los precios de los principales bienes y servicios para el sostenimiento de la economía doméstica, que se suma a un proceso inflacionario que se agravó a partir de la devaluación pero que  ya era una inflación muy alta, que está disparando los niveles de sobreendeudamiento y cruzando nuevos umbrales de violencia económica en las economías domésticas”, analizó en diálogo con El Destape, Luci Cavallero, doctora en Ciencias Sociales -UBA y co-autora del libro Una lectura feminista de la deuda. 

En la misma sintonía, Lucía Cirmi, economista e integrante del espacio La Paridad en la Macro, señaló al ser consultada que “para tener libertad financiera, primero hay que tener autonomía económica, eso implica poder comer y poder resolver los gastos más básicos de una casa. Hoy muchas familias argentinas no lo están pudiendo hacer con precios liberados y con salarios aplastados, porque los salarios sí se están regulando, no es que todos los precios están libres, de hecho, el gobierno se opuso a determinadas paritarias”. 

Este panorama impacta de forma más cruda en los hogares monomarentales, dada la relación estrecha entre las desigualdades laborales que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, con empleos más precarios e informales, el incumplimiento de la cuota alimentaria de progenitores, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el inicio de ciclos viciosos de deuda para sostener la vida cotidiana que plantean la necesidad de dimensionar el problema del sobreendeudamiento de las mujeres, sobre todo de aquellas jefas de familia, así como el impacto de las decisiones de gobierno y la ausencia de políticas públicas. 

En un marco donde el 60% de las personas que alquilan en el país tienen algún tipo de deuda tomada para poder seguir comprando alimentos, pagar alquiler o cubrir deudas pasadas, cuando se pone el foco en el impacto según las brechas de género se observa que “en su mayoría la deuda se destina al pago de alimentos lo que muestra que, en el caso de los hogares monomarentales, la situación se volvió aún más acuciante que la que veníamos mapeando en años anteriores”, indicó Cavallero. Los relevamientos realizados por el espacio de Ni Una Menos mostraron en ese sentido que “se están produciendo la mayor cantidad de atrasos en el pago de alquiler, incluso muchísima gente ya consulta por desalojos y porque tiene que dejar la vivienda donde está porque no puede sostener el alquiler. Es ahí también donde creció el tiempo de trabajo destinado al cuidado, a partir del retiro del Estado en áreas importantes, pero también porque las mujeres se están viendo compelidas a buscar más trabajo como consecuencia del menor poder de compra de los ingresos, para tratar de compensar el efecto del crecimiento de precios”, agregó la entrevistada.

Según los resultados de la investigación Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las mujeres de hogares de clases populares en la Argentina que CEPAL desarrolló en 2021 en partidos de las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires es posible observar que “la bancarización es muy baja en los hogares y el acceso a productos del sistema bancario tiene una presencia minoritaria”. En ese sentido se refirió que “las razones por las cuales las entrevistadas están en el Veraz tienen como origen principal las deudas de cuidado, pero por montos pequeños (vestimenta y calzado, electrodomésticos del hogar)” lo que “en hogares con jefatura femenina restringe las posibilidades de acceso a créditos y las obliga a recurrir al circuito informal”. 

Así, “las únicas posibilidades de acceso al circuito formal son a través de los préstamos de tarjetas de familiares o conocidos, y tienen predominancia los servicios de Empresas no financieras Emisoras de Tarjetas de crédito y/o Compra no Bancarias, frente a las tarjetas bancarias”. Tras el impacto de la pandemia por Covid-19 en el 2020, el informe advirtió que “se amplificó una gran parte de los desequilibrios presupuestarios que ya estaban presentes, con respecto a los malabares que hacían las mujeres para garantizar los dineros del cuidado”. Datos recientes relevados por organizaciones feministas mostraron que el 32% de la deuda tomada por mujeres al frente de los hogares se utilizó para comprar alimentos, el 30,2% para pago de tarjetas de crédito, el 15,2% para alquiler, el 9,7% para pago de otras deudas, y el 4,4% para urgencias médicas. 

Un aspecto no menor que se vincula directamente con tal problemática es la falta de pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores que sumado a la desigual carga de los cuidados y a un acceso al mundo del trabajo más precarizado y con ingresos más bajos para las mujeres, agravan aún más el endeudamiento familiar. De acuerdo con información del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que lleva a cabo desde el 2023 el programa “Desendeudadas” que busca dar respuesta a la asfixia financiera de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, casi el 60% de quienes consultaron por el programa dijeron estar endeudadas con más de cuatro entidades, asimismo el 90% de esas mujeres tenía a su cargo hijos, en tanto que un 40% debía hacer frente al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria correspondiente.

Desprotección, desregulación y más deuda 

Las desigualdades socioeconómicas que afectan a las mujeres también se manifiestan en un acceso diferencial a servicios financieros. Según un informe del Banco Central, las mujeres representan en todas las entidades de financiamiento menos de la mitad del crédito total otorgado, con montos promedio por persona que están al menos 30% por debajo de los varones, en tanto que al mirar la participación de aquellas que están en edad laboral -30 a 60 años- las brechas de género se amplían. Además, existe un predominio de entidades no bancarias que, por sus características, conllevan condiciones financieras menos favorables para las mujeres. En ese sentido, en un contexto de ingresos licuados y recortes en partidas destinadas a comedores comunitarios que dan respuesta a las urgencias diarias de las familias, el negocio financiero se abre cada vez mayor camino de la mano de la desregulación económica y el incentivo oficial a cierto tipo de plataformas. 

“Las fintech están creciendo como fuentes de endeudamiento, casi el 20% de las mujeres que contestan las encuestas están endeudadas, y también estamos viendo que la misma persona puede estar endeudada con varias plataformas virtuales y destinando una parte del día a gestionar esas deudas ya, a su vez, las plataformas virtuales se han instalado también como forma de cobrar, por ejemplo, trabajos informales, ventas en ferias, otro tipo de emprendimientos de la economía popular”, explicó Cavallero y añadió que “si bien permite resolver en algunos casos donde las mujeres no tienen acceso a cuentas bancarias, lo que está sucediendo es que se están transformando en una fuente de endeudamiento con tasas mucho mayores que los bancos y además con muchísimos más riesgos de estafas porque las plataformas tienen menos regulación”. Y ejemplificó: “Si tenés un débito que no reconocés en una caja de ahorro en un banco podés acudir a denunciarlo y ese débito va para atrás. En el caso de las plataformas esa opción no existe, por lo que se está sujeta a mayor vulnerabilidad en términos de estafas financieras, pero además con tasas que están mucho más desreguladas y son muchos más onerosas”.

Por su parte, Cirmi, autora del libro "Economía para Sostener la Vida", puntualizó que “podemos ver una financiarización de la política social que por un lado es muy atractiva para el mundo financiero y, por otro, funciona mediante el riesgo de que exista inclusión financiera sin una verdadera primera inclusión económica. Actualmente abrieron la posibilidad de que quienes reciben Asignación Universal por Hijo, Progresar y otras políticas similares cobren por Mercado Pago, sobre ello hay que tener en cuenta que es cierto que las billeteras virtuales de alguna forma incluyen a quien alguna vez se sintió excluido por el banco, ya sea por su informalidad, por el rechazo in situ en la sede o por no comprender, es decir, no sé trata de algo malo en sí mismo, sino que el problema es que carecen de la regulación suficiente para que no tengamos personas muy sobreendeudadas puntualmente por crédito fácil pero caro, con riesgo de que el destino de las Asignaciones termine en esos préstamos”.

En 2018 la consigna de la marcha Ni Una Menos expresaba “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” en referencia al mega endeudamiento de la gestión macrista con el FMI a la par que una devaluación brutal golpeaba los salarios y se recortaba del presupuesto público en partidas sociales. Aparecieron en ese marco, fomentados por el gobierno, los créditos ANSES para los hogares de menores ingresos. “Hay una vinculación que tiene que ver con un contexto de financiarización de la política social, donde el Estado empieza a ser un gran endeudador de la población, eso es lo que sucede en el 2018, se cambia la relación ingreso-deuda y la deuda se estabiliza como un complemento necesario de los ingresos. En ese sentido, hoy hay situaciones similares pero con una reconfiguración en términos de que las plataformas están creciendo como fuentes de endeudamiento y de gestión cotidiana de la precariedad”, evaluó Cavallero, especialista en la temática.

Para cerrar Cirmi agregó, “hay una idea similar con aquel año donde Argentina volvió a endeudarse con el FMI sobre ‘no se debe en derechos, no se debe en autonomía, pero sí hay que reemplazar derechos con créditos’, y la verdad es que no se reemplaza. Por esto creo que hay que exigir que sea una opción regulada y que si hay funcionarios de esas empresas beneficiadas difundiendo información errónea, acerca de intermediarios que nunca existieron, tengan sanción como sucedería en otras entidades”. 

Fuente: www.eldestapeweb.com