Entre los puntos más álgidos del expediente, la querella logró anular una resolución previa que otorgaba libertad de movimientos a la imputada de 17 años. Si bien posterior a ello se fijó una prisión domiciliaria en Santo Tomé, la medida fue fuertemente apelada debido a que la joven quedó bajo la custodia de sus padres —siendo su padre sargento de la Policía de Corrientes—, lo que a criterio de la parte acusadora no garantiza la neutralización de riesgos procesales ni la protección de los testimonios en Cámara Gesell previstos para menores de edad.

La pista del tercer implicado y el rol de la fiscalía

El eje de la controversia recae sobre los chats analizados entre los menores imputados, donde surge la figura de "Max", señalado como un pariente de la madre de la acusada. La querella recrimina al fiscal Facundo Cabral haber descartado esta hipótesis como un "producto del imaginario" sin peritajes científicos de respaldo, advirtiendo además indicios de participación adulta en los mensajes debido al cambio de vocabulario y giros formales.

Asimismo, se cuestionó la falta de celeridad en el entrecruzamiento integral de los celulares secuestrados y la modalidad informal con la que se requirieron dispositivos a los familiares directos de la menor. Ante este escenario, la querella confirmó la presentación formal de una recusación contra el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, al sostener que se intenta clausurar la investigación de manera prematura.

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