El recinto del Poder Legislativo Municipal de La Cruz fue escenario anoche de un fuerte cruce político e institucional que expuso la máxima tensión social en torno al conflicto por las tierras del paraje Isoquí. El contrapunto frontal se dio entre la vecina Elba de la Vega y la viceintendenta y presidenta del cuerpo, Patricia Pedelhez, durante una sesión que evidenció el descontento popular frente a los manejos del poder político local.

"A mí a mi me amenazaron de muerte... esto es un abuso que están haciendo contra el pueblo", disparó de la Vega ante los ediles, interpelando directamente a las autoridades por una controversia que arrastra años de litigio y sospechas de desapoderamiento en perjuicio de los pobladores históricos. Lejos de buscar un canal de diálogo o una respuesta institucional, la intervención de la presidencia del cuerpo se centró en interrumpir a la vecina y acallar un reclamo sumamente urticante: el señalamiento directo sobre cómo funcionarios, exfuncionarios y dirigentes políticos se van haciendo de inmuebles y propiedades en zonas de alto valor estratégico como el paraje Isoquí o el paraje Bacaraí.

Los interrogantes que dominan el trasfondo del conflicto

El tenso cruce en el Concejo Deliberante reinstaló en la agenda pública las múltiples zonas oscuras que plagan la operatoria municipal sobre el sector en disputa, poniendo bajo lupa la legalidad y la transparencia de los actos de gobierno:

• ¿Quién es el verdadero propietario o poseedor de esas tierras? El conflicto enfrenta los derechos históricos y la titularidad legítima de familias como los De la Vega frente a cesiones dudosas. ¿Cómo se puede ceder o donar un inmueble sin antes acreditar fehacientemente el dominio o la titularidad legítima sobre el terreno?

• ¿El dinero de Doña Rosa en tierras litigiosas? ¿Cómo es posible que el Estado municipal decida invertir los recursos públicos —es decir, el dinero de todos— en un inmueble que se encuentra en medio de un litigio judicial y cuyo derecho de propiedad aún no cuenta con un fallo definitivo?

• ¿El misterio de las superficies? ¿De dónde surgen realmente las 16 hectáreas de la operatoria mientras algunos papeles oficiales apenas hablan formalmente de 4? ¿Estábamos ante una superficie sobredimensionada para una supuesta planta de tratamiento de residuos sustentada en un tinglado itinerante?

• La sombra de las "ordenanzas mellizas": ¿Es cierto que se intentó amparar la maniobra en una supuesta "ordenanza melliza" (la N° 72 de 2018) que en los registros oficiales pertenecería al alta comercial de un quiosco céntrico y ni siquiera figura en el Digesto municipal?

• Posesión precaria versus títulos limpios: ¿Por qué se habrían utilizado cesiones de derechos posesorios endebles en lugar de exigir los recaudos dominiales correspondientes?

• ¿El negocio detrás del poder? ¿Esconde toda esta fragilidad legal y administrativa un trasfondo de especulación y negociados de la propia dirigencia política, que acumula propiedades a expensas de los pobladores históricos frente al crecimiento inmobiliario de la zona?

Lejos de constituir un simple debate administrativo, la irrupción de los vecinos en el recinto desnuda una trama donde la prioridad de la conducción legislativa pareció ser la contención de un escándalo que toca de cerca los intereses materiales de la clase dirigente, dejando en evidencia que el destino de las tierras en La Cruz es el espejo de una pulseada donde la cosa pública y el beneficio privado confluirían sin disimulo.

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