En la sesión ordinaria N° 23 del Concejo Municipal de La Cruz, el concejal Mario Fernández presentó un nuevo proyecto de resolución y pedido de informes para que se transparenten los ingresos y egresos del cuerpo legislativo desde el inicio de la actual gestión, el 10 de diciembre de 2025.
No es la primera vez que se reclama esto. Meses atrás, tras el cierre del primer trimestre del año, ya se había presentado un pedido similar que nunca obtuvo respuesta. El proyecto de esta noche llega, entonces, sobre un silencio que se sostiene desde hace tiempo.
El pedido no está dirigido al Departamento Ejecutivo, sino a las propias autoridades del Poder Legislativo Municipal: apunta a que la presidencia del Concejo —a cargo de la viceintendenta Patricia Pedelhez— informe cómo se administraron los fondos del cuerpo en estos casi nueve meses de gestión.
Como en la ocasión anterior, la mayoría oficialista —cinco de los siete concejales— rechazó la iniciativa. El argumento esgrimido fue que la Carta Orgánica Municipal ya prevé una rendición trimestral de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, el órgano externo de control de la hacienda pública municipal, y que por lo tanto no correspondería que el Concejo rinda cuentas puertas adentro.
Sin embargo, ese argumento no resiste la lectura de la propia normativa. La obligación de remitir balances trimestrales al Tribunal de Cuentas (artículo 103, inciso 20, de la Carta Orgánica) está enumerada entre las atribuciones y deberes del Intendente Municipal, no del Concejo. Es una rendición que hace el Departamento Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto general del Municipio, y que se complementa con una revisión anual —no trimestral— que el propio Concejo debe hacer del estado de cuentas municipal (artículo 76, inciso 14, y artículo 114 de la Carta Orgánica).
Nada de eso reemplaza la obligación que el Concejo tiene con su propia administración interna. La misma Carta Orgánica le reconoce al cuerpo legislativo la facultad de fijar y ejecutar su propio presupuesto y de manejar su personal (artículo 76, incisos 2 y 3), y el propio Reglamento Interno del Concejo —la Ordenanza N° 469 D.L.M., sancionada el 6 de diciembre de 2023— establece en su artículo 37, inciso 15, que la presidencia debe administrar los bienes del cuerpo "con rendición correspondiente".
Con no más de diez personas integrando el Poder Legislativo —siete concejales, la presidenta y un par de secretarias—, publicar los ingresos y egresos es una tarea sencilla si existe voluntad política. Hoy la tecnología ya no solo debería permitir a los ediles controlar los fondos públicos en tiempo real, sino a los mismos contribuyentes hacerlo con un solo clic.
"Solo la transparencia sostiene la relación entre gobernantes y gobernados", supo decir el arzobispo emérito de Corrientes, Monseñor Domingo Salvador Castagna. Acá, no se estaría cumpliendo.
Rechazar el pedido de informes no es, entonces, ampararse en una norma: es esquivar una obligación propia usando una obligación ajena. Y esa obstrucción no distingue colores políticos: por las generales de la ley, el control del manejo de fondos públicos le corresponde tanto a la oposición como al oficialismo, incluso, o mucho más, cuando quien administra esos fondos pertenece a su propio espacio.
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