Por Raúl Kollman

La máquina de perseguir pone en marcha este jueves una serie de fraudes a los que dieron en llamar la Causa Cuadernos. El objetivo es evidente, firmar dentro de dos o tres años -que es lo que va a tardar el juicio- una larga serie de condenas, pero especialmente la de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta no figura en ninguna anotación y ningún testigo o “arrepentido” pudo señalarla como habiendo recibido o pedido algo. La base del juicio, que arranca a las 9.30 de la mañana son dos escándalos. Primero, los cuadernos en sí mismos: el chofer Oscar Centeno, que los escribió, dijo que los quemó en una parrilla. Sin embargo, un año y medio después aparecieron, casi intactos, y las pericias demostraron que la letra corresponde a más de una persona, que los últimos fueron dictados y que están llenos de tachaduras y alteraciones. La segunda prueba-base son las declaraciones de los “arrepentidos”, empresarios y exfuncionarios a los que les exigían que involucren a Cristina o los mandaban a dormir en una celda. Las declaraciones no fueron registradas de manera electrónica -audiovisual- como requiere la ley y ahora los jueces, hace 48 horas, se lanzaron a una manipulación suprema: lo que dijeron los arrepentidos se incorporará por lectura, o sea se dará por verdad lo que dijeron sin control alguno de las defensas. Lo que corresponde es que digan lo que tienen para decir en el juicio. Hay fallos de la Corte y de la Corte Interamericana contra maniobras idénticas a esa en otros expedientes. Finalmente, el juicio esquivará una verdad de máxima importancia: ni a Cristina ni a Julio de Vido ni a Roberto Baratta se le encontraron cuentas en el exterior o bienes no declarados, lo que derrumba toda la hipótesis de que ”se robaron todo”. A quien se le encontró fue a la familia Macri, en cuyo gobierno se impulsó esta causa. 

Poné el juez amigo

La previa del juicio también transitó los escándalos. El Tribunal Oral número 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, éste último designado a dedo en ese tribunal por Mauricio Macri, sacó de la cancha a la jueza suplente que se sorteó, Gabriela López Iñiguez. Lo que se le objetó a la magistrada es que en la condena al falso abogado Marcelo D’Alessio, dedicó varios párrafos a señalar la vergonzosa participación en las maniobras del fiscal Carlos Stornelli, fiscal en Cuadernos. En su reemplazo sortearon a Andrés Basso, el juez que pretendió condenar por asociación ilícita a Cristina en Vialidad, aunque perdió 2-1 en la votación respecto de ese delito. Basso se excusó. El reemplazo del reemplazo resultó Néstor Costabel, un peón del macrismo, que también usó el delito de asociación ilícita en la causa de la Ruta del Dinero. En su momento, Costabel hasta convalidó la causa Vialidad como delito precedente cuando no había ni siquiera una condena. Este miércoles, al mediodía, el abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, recusó a Costabel: “no somos nosotros los que pedimos que se demore el juicio. Esto es consecuencia de que ellos removieron a la doctora López Iñiguez”, dijo Beraldi.

En suma, la jugada es la típica de Comodoro Py: magistrados que fueron a jugar al tenis con Macri o que visitaron a escondidas al expresidente en Casa Rosada o que jugaban al fútbol en su quinta o que él los designó a dedo o que hayan dictado fallos contra el peronismo. Nada aceptable en los mínimos parámetros internacionales de justicia.

Todo a la distancia

Como los imputados son casi 90 -entre empresarios y exfuncionarios-, se calculó que no hay sala para acoger a unos 200 abogados, más los acusados, más la fiscalía y su equipo, más los jueces y sus colaboradores. Por lo tanto, se dispuso que todo el juicio se realice a distancia, una parte transmitida por Youtube. 

En la lectura tienen que estar conectados los imputados, por lo cual se verá a CFK desde su departamento de San José 1111. Los empresarios, por ejemplo, sólo tendrán que estar en la parte relacionada con su imputación, pero como a Cristina la señalan como jefa de una asociación ilícita que tuvo que ver con todos los delitos, deberá estar conectada en los meses que tarde la lectura. 

Empresarios, ma non troppo

La causa Cuadernos reúne varios juicios al mismo tiempo, porque tiene que ver con supuestos aportes a las campañas electorales o a cambio de concesiones en obra pública, ferrocarriles, peajes. Como es obvio, Comodoro Py ya sobreseyó a los empresarios más prominentes, los de Techint. Los jerarcas argumentaron que pusieron dinero para que el gobierno peronista negocie con Hugo Chávez que no hubiera consecuencias para los trabajadores de Sidor, sucursal venezolana de Techint, la empresa que Chávez nacionalizó. Los jueces de Py aceptaron el argumento y sobreseyeron porque el supuesto pago fue “humanitario”. Los dos gerentes de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, curiosamente, blanquearon cifras importantes en el blanqueo que dispuso Mauricio Macri durante su gobierno. Un mal pensado podría imaginar que no pagaron nada, sino que se quedaron con la plata. Más curioso fue lo de Paolo Roca: declaró que él no sabía de los pagos de sus gerentes, pese a que se trató de varios millones de dólares.

Respecto del club de la construcción, la actuación del juez Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli impidió hacer una buena y honesta investigación sobre la cartelización de la obra pública, un delito del que se habla desde hace décadas -con la familia Macri como protagonista- y nunca se pudo avanzar como corresponde. Todo hace pensar que en la causa Cuadernos se jugarán las cartas para hacer zafar (nuevamente) a los de siempre en la construcción y a buena parte de los empresarios. La lógica indica que todos dirán que los funcionarios los obligaban a pagar para poder tener trabajo, algo que será incomprobable, pero que es lo que la fiscal Fabiana León buscará.

El objetivo: Cristina

Como se sabe, el aparato de Comodoro Py se convirtió desde hace más de una década, en una máquina de perseguir opositores. Y el centro de la persecución es la expresidenta. Pese a las apretadas para que declaren en contra de ella, no hubo testigos -salvo uno que carece de credibilidad y fue desmentido por otros testigos- ni arrepentidos que hayan mencionado que Cristina recibió o pidió dinero. Por lo tanto, irán por la jugarreta habitual: acusarla de que ella era jefa de una asociación ilícita y que “no podía desconocer” lo que estaba pasando. Beraldi pidió el sobreseimiento porque en la causa Vialidad la condena descartó la asociación ilícita y, parece obvio, que no puede haber varias asociaciones ilícitas distintas y al mismo tiempo.

Un proceso sin relación alguna con lo que podría llamarse justicia. 

Fuente: www.pagina12.com.ar