La difusión del índice de precios de agosto por parte de un INDEC intervenido y condicionado —marcado por el desplazamiento de Marcos Lavagna y el ajuste de metodologías a medida del relato oficial— volvió a poner en evidencia la distancia abismal entre las estadísticas oficiales y la economía real. Con un registro mensual de 1,7% y un acumulado anual que trepa al 21,3%, el Gobierno no solo incumplió la promesa de llevar la inflación por debajo del 1% ("arrancar con cero"), sino que sostiene un esquema de medición totalmente "falopa" incapaz de ponderar de manera adecuada el verdadero incremento de los servicios públicos, los alquileres y los costos fijos.

El informe oficial intenta mostrar una desaceleración apoyándose en una canasta estacional que mostró una baja del 0,9% por la caída de los paquetes turísticos y prendas de vestir. Sin embargo, los componentes más dinámicos de la economía real desmienten el relato: la inflación núcleo se ubicó en el 1,8% y los precios regulados treparon al 2,2%, empujados por subas desmedidas en electricidad, gas, transporte y medicina prepaga. A esto se suma el rubro de vivienda, agua y electricidad, que saltó un 2,8%, pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Utilizar mecanismos estadísticos vetustos que subestiman el peso real de los servicios y desvinculan la evolución mayorista (IPIM) de la trituración del ingreso popular convierte al índice en una herramienta de propaganda. La economía real no entra en las planillas de un organismo tuneado para esconder el ajuste.

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