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18 de noviembre de 2026

Más vale tarde que nunca: los docentes en pie de guerra evalúan nuevas medidas de fuerza

Tras la masiva movilización multisectorial, los sindicatos docentes (Suteco, ACDP y AMET) endurecen su postura ante el exiguo 10% anunciado por el Gobierno, que recién se cobrará a fin de año. Reclaman adelantar los plazos, blanqueo al básico y respuestas ante un deterioro salarial que lleva meses sin tregua.

El conflicto salarial docente en Corrientes entró en una zona de ebullición absoluta. Lejos de calmar las aguas, la movilización realizada frente a la Casa de Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la cartera educativa dinamizó a los principales sindicatos del sector (Suteco, ACDP y AMET), que por estas horas apuran reuniones de cúpula para definir nuevas medidas de acción directa, sin descartar paros escalonados. El aumento del 10% anunciado unilateralmente por el Ejecutivo cayó como nafta al fuego, tanto por su escasez como por la insólita demora prevista para su percepción.

Los gremios advierten que las familias docentes arrastran un desfasaje brutal sin recomposición mientras la inflación, las tarifas de servicios públicos y los impuestos devoran los ingresos. El último incremento se había otorgado en junio, y este nuevo porcentaje recién se liquidará con los haberes de diciembre, terminando de cobrarse a finales de ese mes o principios de enero de 2027.

En diálogo con los medios, el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, cuestionó con dureza los tiempos oficiales: "Desde junio no cobramos incremento y anteriormente estuvimos desde octubre de 2025 a abril de 2026 para que nos pagaran un mísero aumento del 6%. Son plazos muy largos". Ante este panorama, el sector exige una convocatoria formal del ministro de Hacienda, Héctor Grachot, para exigir que el 10% se adelante a noviembre, incorporando sumas al básico, blanqueo de adicionales y el reconocimiento de la movilidad docente.

Silencios oficiales y reclamos estructurales

La falta de respuestas políticas de Hacienda se cruza con el hermetismo de la ministra de Educación, Ana Miño, frente a problemas que superan ampliamente la cuestión salarial: escuelas con graves deterioros edilicios, faltante de recursos pedagógicos y condiciones de extrema vulnerabilidad para los docentes rurales —cuya inseguridad quedó expuesta con dolorosos casos de impacto público—. Por su parte, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) sumó exigencias de partidas específicas para mantenimiento escolar, comedores, conectividad, transporte, indumentaria y un descanso digital efectivo.

El malestar docente no flota en el vacío. La masiva marcha del lunes reunió también a trabajadores judiciales, estatales, municipales, jubilados y personal de salud, configurando un plano de tensión multisectorial que le exige al Gobierno respuestas concretas. Con un Estado provincial que apuesta al desgaste, la docencia correntina demuestra que el plan de lucha no da marcha atrás y exige reglas claras que dejen de apostar al ahogamiento de los trabajadores.

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