La diputada nacional Marcela Pagano abrió un fuerte frente de conflicto en el oficialismo tras presentar ocho pedidos de informes formales ante diversas dependencias del Estado Nacional por la contratación millonaria del servicio de alquiler de fotocopiadoras a la firma TNGROUP SA, propiedad del empresario brasileño Alejandro Trasmonte.
La controversia gira en torno a los montos abonados por el sector público en pleno proceso de digitalización y "despapelización". Según las investigaciones difundidas, el Estado paga un promedio anual de 2,4 millones de pesos por el alquiler de cada máquina, cuando el costo de adquisición en el mercado de un equipo nuevo es de 1,4 millones de pesos.
Cifras multimillonarias y una fotocopiadora cada seis empleados
Los datos expuestos revelan que en un universo de aproximadamente 180 mil empleados públicos a nivel nacional, el parque de 30 mil fotocopiadoras alquiladas representa una proporción de un equipo cada seis trabajadores estatales.
En términos presupuestarios, la facturación de TNGROUP SA con el Estado Nacional acumuló entre 2017 y la actualidad unos 29.750 millones de pesos (que equivalen a más de 110.900 millones de pesos a valores actualizados a agosto de 2026). Sin embargo, solo durante el año 2025, la compañía habría percibido 21.412 millones de pesos a través de un Acuerdo Marco habilitado por la administración de Javier Milei.
Exigencia de auditar expedientes y contratos
Frente a este escenario, los requerimientos impulsados por Pagano fueron dirigidos a los titulares de la ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el INCUCAI, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En las presentaciones se solicita la remisión completa de los expedientes, pliegos de bases y condiciones, dictámenes de evaluación, órdenes de compra, inventarios por sede con números de serie, reportes de contadores de impresión y los comprobantes de pago discriminados por período, a fin de auditar la legalidad y conveniencia de las contrataciones.
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