Los docentes de las universidades nacionales de todo el país resolvieron convocar a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre. La medida de fuerza busca exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%, en rechazo al 3% ofrecido de manera oficial en la última paritaria. Desde los gremios aclararon que la medida quedará sujeta a la respuesta del Ejecutivo antes del martes 29.

El plan de lucha forma parte del camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo 15 de octubre. En paralelo al reclamo sindical, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos salariales y presupuestarios de la Ley 27.795, bajo apercibimiento de imponer multas diarias.

Un conflicto que escala en la Justicia y en las aulas

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada tras el veto presidencial. Sin embargo, la Casa Rosada suspendió su ejecución argumentando la falta de especificación en las fuentes de financiamiento, lo que derivó en una judicialización que hoy cuenta con fallos firmes avalados por la Corte Suprema.

Desde la conducción de CONADU, su secretaria general, Clara Chevalier, enfatizó la importancia de mantener la unidad y la acción colectiva para defender el sistema universitario público frente al recorte presupuestario y el proyecto de Presupuesto 2027. Las organizaciones sindicales anticiparon que continuarán las gestiones parlamentarias con legisladores nacionales para garantizar los fondos necesarios para las casas de altos estudios.

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