La controversia en torno a una chacra de cuatro hectáreas ubicada en el paraje Isoquí —sitio donde la Municipalidad instaló un tinglado de carácter itinerante y multifunción que, en su recorrido previo, estuvo emplazado primero en el estadio Sargento Cabral y luego en el polideportivo del Bicentenario, para finalmente recalar en este predio bajo la pretensión de construir una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos— ha dejado al descubierto lo que sería un complejo entramado de irregularidades administrativas y vacíos documentales, evidenciando que la estructura se habría montado sin que el Estado municipal pudiera acreditar fehacientemente la legítima posesión del terreno.
Lejos de reflejar una defensa transparente del patrimonio público, las actuaciones judiciales y los convenios analizados sugieren que el Estado municipal opera sobre bases jurídicas sumamente frágiles. Si bien el argumento oficial se sustenta en una supuesta cesión gratuita de derechos que habría efectuado un particular, hasta el momento no se conoce públicamente documentación respaldatoria que acredite que dicha persona revestía la calidad de propietaria o legítima poseedora con facultades para ceder esas tierras. De hecho, la titularidad y el derecho sobre el inmueble constituyen precisamente el objeto central del litigio que enfrenta a la familia De la Vega con el municipio.
Al intentar rastrear el origen legal de esa incorporación, surge una seria contradicción: el propio convenio firmado por la administración anterior admite que la norma invocada —la presunta Ordenanza N° 072 del 16 de abril de 2018— se trataría de una "ordenanza melliza" o superpuesta. Los documentos oficiales detallan textualmente que "la Ordenanza original obedecía a un alta del registro del sector comercial respecto un Quiosco de nombre San Francisco, cuya propietaria era la Sra. C. G. N. D.". En la práctica, esto implica que se habría reciclado la numeración de un trámite comercial centrico para intentar respaldar la posesión del inmueble rural. Al respecto, al consultar hasta el momento el portal digital del Poder Legislativo Municipal (PLM) de La Cruz (https://www.plmlacruz.ar/?q=72&x=0&y=0), dicha norma no se encuentra registrada en los archivos públicos accesibles, evidenciando su inexistencia formal —aunque no se descarta que ante la exposición pública pretendan incorporarla de apuro—.
A esta precariedad jurídica se le añade una marcada asimetría de poder. En contraposición al aparato político y estatal, la contraparte está compuesta por la familia De la Vega, pobladores históricos y de arraigo en la zona. Mientras el Ejecutivo municipal justifica la ocupación bajo fines ecológicos y traslada estructuras metálicas de un predio público a otro, persisten serias dudas sobre el verdadero destino de esas tierras, en un sector que no para de crecer: hay nuevas inversiones, familias de la ciudad mudándose al lugar y un desarrollo inmobiliario que expande los límites hacia esa zona muy pretendida.
Todo este complejo entramado terminó de estallar anoche, miércoles 9, durante la realización de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria (N° 22) del Poder Legslativo Municipal, un verdadero capítulo aparte que generó un fuerte ruido político en el recinto a raíz del proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo. El proyecto original enviado a los ediles contenía un artículo destinado a ratificar la posesión municipal por la vía rápida; sin embargo, dicho apartado fue modificado de manera discreta durante el trabajo de comisión. Ante la ausencia de títulos legítimos de origen y un accionar judicial condicionado a medidas provisorias, la tensión vivida anoche en el recinto deja planteado el interrogante sobre si los mecanismos del Estado habrían sido utilizados para convalidar una apropiación irregular en perjuicio de particulares.
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