La Cámara Federal de Comodoro Py ratificó el archivo de la causa por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), blindando a los principales responsables de la megadeuda en una resolución exprés de apenas ocho páginas que cuenta con el respaldo estratégico de la administración actual.

El fallo de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmó el cierre de la investigación sobre los 45.000 millones de dólares contraídos durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el pretexto de que se trató de una cuestión política no judiciable. Sin embargo, el fiscal federal Franco Picardi había demostrado en su apelación que la toma del crédito se ejecutó apartándose de todas las normas legales vigentes y configurando un esquema deliberado de desmanejos financieros.

La resolución judicial desestima los lapidarios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que alertaban sobre violaciones a la Ley de Administración Financiera, la ausencia de expedientes previos, la falta de intervención del Congreso o del Banco Central, y un perjuicio patrimonial de 29.618 millones de dólares vinculado a la fuga de capitales en beneficio de grupos concentrados.

Este desenlace judicial se alinea directamente con la decisión del presidente Javier Milei de desplazar por decreto al Estado como querellante de la causa, una jugada clave para evitar apelaciones y asegurar la impunidad de funcionarios como Luis Caputo y Federico Sturzenegger —actuales figuras centrales del gobierno—, junto a Mauricio Macri y Nicolás Dujovne. Con el apartamiento de la querella estatal y el aval de los camaristas a los criterios de la jueza María Eugenia Capuchetti, el expediente quedó al borde del cierre definitivo sin que se investigue el destino final de los millonarios fondos.

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