A un mes y medio del brutal crimen de Cecilia Lazcano en Alvear, la causa sumó un nuevo foco de tensión y profundo malestar por una resolución judicial que generó la inmediata reacción de la familia de la víctima.

La adolescente de 17 años, imputada como coautora y señalada como la presunta mente que planeó y encomendó el asesinato a manos de su pareja, fue beneficiada con un régimen especial de permanencia en un domicilio de la ciudad de Santo Tomé. Lejos de un arresto domiciliario estricto, la medida le autoriza concurrir a un establecimiento educativo, realizar actividades sociales y trasladarse a plazas con el simple permiso de su madre.

La resolución desató la indignación de la familia. Corintia Vila, madre de Cecilia, cuestionó duramente la decisión judicial en declaraciones radiales: "¿Dónde está el arresto domiciliario? Se supone que un arresto domiciliario no sale ni a la vereda de la casa", expresó con dolor, recriminando que la imputada pueda llevar adelante una vida prácticamente normal mientras su hija no está.

Por su parte, el abogado querellante Juan Saucedo catalogó la medida como "un privilegio" carente de fundamentación técnica sólida, señalando que solo se invocó el interés superior del niño y la presunción de inocencia. El letrado advirtió además sobre el fuerte contraste con la situación del otro imputado menor de edad —señalado como el autor material—, quien continúa detenido.

La querella presentó formalmente la apelación en el mismo momento de la audiencia, por lo que la decisión final sobre si la joven deberá o no ser privada de su libertad recaerá ahora en un tribunal de la ciudad de Mercedes. En paralelo, la investigación avanza con peritajes sobre dispositivos electrónicos mientras la familia exige justicia sin diferencias ni contemplaciones.

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