La escena se repite cada semana frente a una casa humilde del barrio Quilmes, en la ciudad de Corrientes. Donde antes había una familia almorzando, hoy hay una olla de 50 litros —prestada por una vecina— que intenta mitigar el hambre de más de 120 personas, entre niños y adultos mayores. Es el Comedor San Jorge, una red de solidaridad levantada a pulmón por Belén Saucedo, su pareja y un grupo de allegados tras ver a chicos llorando con los tuppers vacíos porque el comedor estatal había cerrado.

Esta postal de supervivencia desnuda con crudeza la emergencia alimentaria que atraviesa la provincia de Corrientes, un territorio donde el ajuste golpea con saña desmedida. Los datos oficiales y de la realidad de los mostradores no dejan margen para el relato: Corrientes registra un 37,4% de su población debajo de la línea de pobreza (ubicándose por encima de la media nacional del 31,6%), lidera las trágicas estadísticas de mortalidad infantil con 14 muertes cada 1,000 nacidos vivos, y encabeza los índices de pluriempleo y endeudamiento familiar.

A esto se le suma una caída del consumo en supermercados del 22,7% interanual y salarios pulverizados en el sector privado —con aumentos congelados en torno al 16% frente a una inflación que duplica esa cifra—, transformando el día a día en una trampa de supervivencia. Y aunque en las últimas horas, tras la visibilización del caso, el Ministerio de Desarrollo Social prometió una visita, el sostén cotidiano sigue dependiente del bolsillo de Belén —que trabaja por comisión— y de la generosidad de los vecinos.

El contraste en el interior: La desidia en La Cruz y la respuesta popular

Lo que ocurre en la capital no es una excepción, sino la norma de un modelo de indiferencia social que se replica en toda la provincia. Un claro ejemplo se vive en La Cruz, donde el municipio gobernado por Luis Calomarde le da la espalda a las necesidades más urgentes de la comunidad.

A pesar de existir una ordenanza aprobada el pasado 10 de junio que exige la reapertura de los comedores comunitarios cerrados al inicio de la actual gestión, el Ejecutivo local mantiene un incumplimiento legal escandaloso con plazos recontra vencidos. No hay sensibilidad social ni respeto por las normas vigentes.

Ante esta doble desidia —la falta de respuestas sociales y el desinterés por el cumplimiento de lo ley—, la solidaridad popular vuelve a ocupar el vacío que deja el Estado: un sector interno del Partido Justicialista (Movimiento Nacional Justicialista) de La Cruz de un tiempo a esta parte viene asistiendo con un comedor comunitario itinerante, recorriendo los barrios con una olla popular para cumplir la función social que el intendente Calomarde se niega a asumir.

Mientras la clase gobernte mira para otro lado o blinda privilegios, el tejido social se sostiene gracias a la empatía de los vecinos y a la organización comunitaria. Porque cuando el Estado se ausenta, la solidaridad se convierte en bandera y en trinchera.

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