La trama de corrupción en el aula quedó formalmente condenada este miércoles en la jurisdicción de Mercedes, luego de que la jueza de Garantías Simy Beatriz Benasayag homologara un juicio abreviado pleno contra una profesora interina de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini. La imputada recibió una pena de tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión.

El caso, que sacudió a la comunidad educativa de la zona, expuso un esquema de extorsión sistemática durante el ciclo lectivo 2025. Lejos de cumplir con su rol pedagógico, la docente utilizaba su posición de poder para exigir transferencias de dinero a las alumnas a cambio de garantizarles la aprobación de las materias sin necesidad de pisar el aula.

El circuito de la extorsión en plena era digital

La investigación judicial, respaldada por pruebas contundentes que incluyeron peritajes de telefonía celular, audios, capturas de chats y comprobantes en plataformas de pago digital como Mercado Pago, permitió reconstruir dos hechos concretos que marcaron el accionar de la profesora.

El primer episodio se registró entre junio y julio de 2025, cuando la docente le exigió la suma de $100.000 a una alumna para liberarla de la cursada. Tras percibir un adelanto de $30.000, la imputada recurrió a la intimidación directa a través de mensajes de WhatsApp, acorralando a la joven con la amenaza de aplazo si no completaba el saldo exigido.

Un caso idéntico se documentó en abril del mismo año, ocasión en la que la profesora cercó a otra estudiante bajo la misma modalidad coactiva, reclamándole $150.000 que debieron ser depositados vía transferencia electrónica.

Inhabilitación, multas y restricciones estrictas

Más allá de la condena condicional, el fallo del tribunal impuso severas restricciones y sanciones económicas para resarcir el daño causado. La docente fue inhabilitada de forma absoluta para ejercer la profesión durante tres años y deberá abonar una multa punitoria de $360.000, equivalente al doble de la exacción ilícita probada.

En concepto de reparación integral del perjuicio patrimonial y extrapatrimonial, la Justicia ordenó un pago total de $480.000, dividido en partes iguales para las dos alumnas damnificadas. Como reglas de conducta complementarias, se le prohibió terminantemente ejercer cualquier cargo docente dentro del ámbito de Colonia Carlos Pellegrini, se le fijó una orden de restricción de acercamiento a 100 metros de las víctimas y se le vedó cualquier vía de hostigamiento hacia ellas.

Información basada en el artículo periodístico publicado por el Diario El Litoral.

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