El presidente Javier Milei anunció una reforma del rol del Banco Central que busca limitar la capacidad de cualquier futuro gobierno que quiera orientar su política monetaria y cambiaria a favor del desarrollo productivo y para garantizar un crecimiento económico con mayor equidad social. Los cambios que mandará al Congreso forman parte de una estructura legal más amplia, cuya principal misión es blindar a perpetuidad los beneficios que entregó a los capitales multinacionales que llegaron con su gestión para la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.

Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del BCRA —una iniciativa denominada “grillete fiscal” que busca cerrar actividades no esenciales del Estado ante déficits prolongados—, además de reformas del mercado de capitales y de seguros. Para justificarlo, recurrió a un discurso confrontativo y buscó reposicionarse como un outsider frente al desencanto social reflejado en índices de confianza ciudadana.

Una nueva realidad política difícil de modificar

Si bien una ley puede ser derogada por otra, la arquitectura legal que teje la administración libertaria, sumada a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, dejará un escenario extremadamente complejo de desarmar para cualquier gestión futura que intente recuperar grados de libertad económica y social.

Los propios organismos de crédito internacional o los intereses económicos beneficiados —focalizados en un esquema de convertibilidad que consolida el atraso cambiario y facilita la fuga de capitales— tendrían herramientas de peso para condicionar el apoyo y minar la credibilidad de políticas públicas con perfil nacional.

Las contradicciones y el contraste internacional

La principal modificación de la Carta Orgánica es volver al mandato único de defender el valor de la moneda bajo la premisa de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Para ello, prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado y la compra de títulos públicos en emisión primaria. Sin embargo, analistas advierten las profundas contradicciones de un esquema que carece de paralelismos en el mundo desarrollado:

• Bancos centrales globales con doble mandato: La Reserva Federal de Estados Unidos equilibra precios y empleo; el Banco de Inglaterra compatibiliza crecimiento y estabilidad financiera; e incluso el Banco Central Europeo apoya las políticas económicas generales de la Unión Europea.

• El caso regional: El Banco Central de Brasil, sumamente restrictivo, contempla objetivos secundarios que otorgan margen para actuar ante crisis o impulsar el desarrollo.

• Un "disparate" normativo: Convertir la emisión en delito impediría a cualquier entidad actuar ante pandemias, guerras, corridas bancarias o colapsos de liquidez, situaciones en las que los principales bancos centrales del mundo expandieron fuertemente su base monetaria en los últimos años.

Frente a la teoría monetarista impulsada por el FMI y el Banco Mundial de reducir el sesgo inflacionario mediante la contracción de la demanda, otra mirada económica sostiene que la inflación responde a desequilibrios de oferta y demanda en una economía periférica con severa restricción externa. En este marco, el BCRA se erige históricamente como el instrumento fundamental para administrar divisas, sustituir importaciones y potenciar las exportaciones que el país necesita para funcionar.

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