En una nueva vuelta de tuerca sobre el esquema de asistencia social y desregulación económica, el Gobierno nacional oficializó una medida que impacta de lleno en los sectores más vulnerables del interior del país. Mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial, se eliminó de forma definitiva el sistema de compensaciones financieras que el Estado otorgaba a las empresas de colectivos de larga distancia por cada pasaje emitido de forma gratuita bajo regímenes especiales.

La normativa afecta directamente al financiamiento de los boletos contemplados por tres leyes fundamentales: la Ley 22.431 (personas con discapacidad), la Ley 26.928 (personas trasplantadas o en lista de espera del Sintra) y la Ley 27.674 (protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer). Hasta el momento, el Estado Nacional absorbía una parte del costo de estos pasajes para garantizar la movilidad de los pacientes. A partir de ahora, las empresas de transporte deberán hacerse cargo de la totalidad del costo sin recibir ningún tipo de incentivo o reintegro público.

El argumento oficial: La libertad de mercado como solución

Desde la administración central que encabeza Javier Milei argumentaron que el esquema de subsidios estatales pertenecía a una "época de emergencia" y fuertes regulaciones tarifarias. El Ejecutivo sostiene que tras la vigencia del Decreto 883/2024 —que desreguló el transporte interjurisdiccional e impuso la plena libertad de tarifas y recorridos—, las compañías privadas cuentan con herramientas comerciales suficientes para absorber el costo de este beneficio por su propia cuenta, compitiendo libremente en el mercado.

La resolución aclara expresamente que la gratuidad para los usuarios "permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas". Es decir, el derecho legal de los pasajeros no fue derogado; lo que cambió de raíz es la relación financiera entre la Casa Rosada y las empresas del sector. Para vigilar que las firmas no retaceen los boletos, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) profundizar los controles y las fiscalizaciones.

La mirada crítica: El riesgo de la letra muerta en el interior profundo

El planteo oficial de la Secretaría de Transporte adolece de un preocupante optimismo teórico que choca de frente con la realidad fáctica de las terminales de ómnibus del interior correntino. Afirmar que el derecho sigue vigente porque "lo dice la ley" resulta insuficiente cuando se traslada la carga económica de un beneficio social al sector privado sin ningún tipo de amortiguación.

La historia reciente demuestra que cuando el Estado se retira y obliga a las corporaciones a absorber pérdidas o costos de asistencia, las empresas responden con un ajuste encubierto. El peligro inminente es que conseguir un pasaje gratuito para viajar a un control oncológico o un tratamiento médico se convierta en una odisea burocrática insostenible. Plataformas web que "se caen" sistemáticamente a la hora de validar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cupos que se agotan de forma misteriosa semanas antes del viaje y oficinas de atención comercial que dilatan las respuestas serán, con casi total certeza, las consecuencias inmediatas de esta resolución.

Garantizar la salud y la conectividad de los niños con cáncer o de las personas con discapacidad no puede quedar sujeto a la buena voluntad comercial de una empresa de transporte en un mercado liberado. Al desfinanciar la ley, el Gobierno nacional se lava las manos y traslada el conflicto a la ventanilla de la terminal, dejando una vez más a los ciudadanos más postergados en la primera línea de fuego de la desprotección estatal.