En la narrativa oficial de la capital provincial, cada convocatoria a paritarias o cada anuncio de recomposición de haberes se presenta ante la opinión pública como un esfuerzo extraordinario de gestión. Sin embargo, cuando se aplica el rigor del análisis económico y se cotejan los números con la realidad del mostrador, la verdad fáctica emerge sin eufemismos: no estamos ante una política de recomposición, sino ante la continuidad de un ajuste programado y ejecutado en cómodas cuotas. Las declaraciones del gobernador Juan Pablo Valdés a Radio Sudamericana, anticipando "novedades salariales para la próxima semana", no hacen más que ratificar la vigencia de un modelo de asfixia salarial que se administra de manera gradualista para anestesiar la reacción de los trabajadores estatales.
Para comprender el alcance real de esta maniobra, es obligatorio mirar la película completa y no solo la foto del último mes. Desde diciembre de 2023 hasta mediados de este 2026, la capacidad de compra de los empleados públicos, docentes y personal de salud de Corrientes ha sufrido una sangría fáctica y sistemática. Cada incremento otorgado por la gestión de Vamos Corrientes ha corrido muy por detrás de la inflación acumulada, consolidando un retroceso histórico en el salario real. Lo que el Gobierno Provincial ofrece no es una solución; es un goteo calculado de la miseria. Un aumento que ni por asomo cubre lo perdido en los últimos dos años y medio no es un aumento: es un recorte encubierto, una forma de obligar al trabajador a descender un escalón más hacia la indigencia de manera controlada.
La lógica de la muerte lenta en las aulas y hospitales
Esta secuencia de ajuste gradual tiene consecuencias biológicas en el tejido social del interior. No es coincidencia que la conducción de SUTECO haya denunciado formalmente ante la ministra Ana Miño que el 70% de los chicos en Corrientes hoy asisten a las aulas bajo la línea de pobreza. Al deprimir el salario de los educadores —cuyo básico se encuentra congelado en cifras de miseria— y al licuar de manera simultánea las partidas alimentarias de los comedores escolares, la provincia ejecuta una triple deserción de sus roles indelegables.
El correlato de este abandono en La Cruz es fáctico y visible: el banner de la Escuela Normal agradeciendo la donación voluntaria de pan por parte de un exalumno para que los chicos puedan desayunar es la prueba más flagrante del derrumbe estructural. El Estado provincial y municipal se retiran de sus funciones básicas y pretenden que la "caridad vecinal" tape los baches de un presupuesto escolar desmantelado. Mientras tanto, en el plano sanitario, el programa Incluir Salud arrastra una deuda millonaria de 1.700 millones de pesos que deja a más de 110 pacientes renales de la provincia al borde de interrumpir su tratamiento de diálisis por falta de transporte. La matemática del ajuste se traduce en desamparo alimentario y riesgo de vida.
El doble discurso de las regalías y la sumisión porteña
Para maquillar esta entrega, el gobernador Juan Pablo Valdés recurre al viejo libreto del reclamo federal, amagando con demandas judiciales contra la Nación por el cobro de las regalías energéticas adeudadas y mostrando reuniones con el armador porteño Diego Santilli para el traspaso de tierras. Es un acting de consumo interno. Mientras el Gobernador y el senador provincial Gustavo Valdés sobreactúan firmeza en los medios locales, sus terminales políticas en Buenos Aires operan en sentido inverso.
El comportamiento de los legisladores nacionales de Vamos Corrientes, con el diputado converso Federico Turnier (ex-ELI) a la cabeza, expone una incompatibilidad ética absoluta. Fueron al Congreso a garantizar el quórum que blindó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las sospechas de corrupción, y votaron a favor de la quita del subsidio al gas por Zona Fría que dejará a millones de familias desprotegidas ante el invierno. Entregan la soberanía federal en la rosca de la Capital Federal a cambio de promesas de cartón, y luego regresan a Corrientes a administrar el goteo del ajuste contra su propio pueblo.
Las "novedades" de la semana entrante ya están juzgadas por la realidad económica de las familias correntinas. Ningún porcentaje otorgado en cuotas o sumas "en negro" va a revertir el carácter abandónico de un Estado que decidió indexar la pobreza de sus asalariados. Gobernar no es gestionar la decadencia gradual de una comunidad ni regular la velocidad de la motosierra; es asegurar el trabajo, el pan, la salud y el salario digno de la gente. Si la cúpula provincial prefiere seguir siendo la correa de transmisión local del ajuste inhumano que se diseña en Buenos Aires, la memoria colectiva de nuestro pueblo se lo va a demandar con el rigor de la verdad.
