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21 de mayo de 2026

Las transferencias a las provincias se desplomaron un 54% y arrastran al interior al colapso

El último análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la ejecución presupuestaria de abril desnudó el mecanismo de estrangulamiento financiero que ejecuta la Casa Rosada. Las transferencias corrientes a las jurisdicciones subnacionales cayeron un abrumador 54,1% real interanual, secundadas por un hachazo del 48,9% a las universidades nacionales y un recorte del 81,6% en subsidios. Mientras los ingresos tributarios caen por la recesión y el superávit financiero real del Gobierno Federal se desinfló un 64,6%, las provincias y municipios sufren las consecuencias directas de un ajuste que vacía las arcas locales. Frente a esta sangría de recursos que pertenecen a los correntinos, la complicidad de los gobernantes alineados los convierte en corresponsables políticos de la parálisis del interior productivo.

La matemática de la asfixia federal

Los números fríos de la economía finalmente le dan la razón a la verdad de la calle. El reciente documento de trabajo del IARAF, que analiza la ejecución presupuestaria base caja del sector público nacional no financiero correspondiente al mes de abril, dejó en evidencia que las provincias argentinas siguen siendo el blanco predilecto de la motosierra de la administración de Javier Milei. Las transferencias corrientes destinadas a las jurisdicciones subnacionales registraron una violenta caída real interanual del 54,1% si se compara con el mismo mes del año anterior con el debido ajuste por inflación.

Este fenomenal torniquete a los fondos federales se inscribe en un escenario de desguace generalizado del sistema público. Los subsidios nacionales sufrieron una reducción del 81,6%, mientras que el presupuesto de las universidades nacionales se contrajo un 48,9% en plena puja con el Congreso de la Nación por el congelamiento de las leyes de financiamiento educativo. La brutalidad del recorte provincial explica de manera fáctica y sin intermediarios por qué las comunas del interior de Corrientes se declaran en emergencia, por qué se precarizan los haberes docentes y por qué se recortan las raciones de comida en las escuelas: la plata que por ley le pertenece a las provincias sencillamente se queda retenida en los despachos de Buenos Aires.

Superávit de cartón y privatizaciones para tapar el bache

El informe del IARAF enciende alarmas rojas sobre la sustentabilidad del propio plan económico de La Libertad Avanza. A pesar del discurso triunfalista oficial, la recesión está destruyendo la recaudación propia: los ingresos totales del Estado Nacional cayeron un 2,1% real interanual en abril, arrastrados por un descenso del 4,1% en los ingresos tributarios. Como consecuencia directa, el promocionado "superávit financiero" (el dinero que queda tras pagar los intereses de la deuda) se desplomó un 64,6% interanual, pasando de $757.496 millones en abril de 2025 a escasos $268.103 millones en abril de 2026.

La trampa se vuelve aún más evidente al analizar el primer cuatrimestre consolidado. Para intentar maquillar la caída del 7,1% en los ingresos tributarios acumulados, el Gobierno Nacional tuvo que echar mano a ingresos extraordinarios de caja mediante la privatización de la gestión de las represas hidroeléctricas del Comahue, lo que infló de manera artificial los ingresos no tributarios en un 33%. Si se quita de la ecuación ese manotazo privatizador, el superávit primario real de la Argentina cayó un 26,7%. El "milagro económico" no es más que el remate del patrimonio nacional combinado con el hambre del interior.

El perro que se muerde la cola en Corrientes

Mientras los recursos se evaporan en el centralismo porteño, el gasto salarial del Estado Nacional también cayó un 3,2% real por la poda de la planta de personal y el congelamiento de los sueldos estatales que corren muy por detrás de la Canasta Básica Total. En contrapartida, el gasto en intereses de la deuda sigue trepando un 0,7%, desnudando que la plata que se le quita a los maestros, a los comedores y a los centros de diálisis va a parar directamente a las cuentas de los acreedores financieros.

Este es el mapa de la corresponsabilidad que los gobernantes de nuestra provincia de Corrientes no pueden esquivar. Tanto el gobernador Juan Pablo Valdés como los legisladores e intendentes que orbitan en el oficialismo provincial de "Vamos Corrientes" han sido los sostenedores políticos y los aliados estratégicos de este modelo de shock fiscal en el Congreso. Apoyaron las leyes que habilitaron este saqueo federal bajo la promesa electoral de que el costo lo pagaría la "casta" y que el Banco Central sería destruido. Hoy, las generales de la ley les caben a todos por igual: actuar como simples relatores o comentaristas de una crisis que ellos mismos avalaron es un acto de cinismo institucional. Si no se paran de manos de manera inmediata para exigir con el rigor y la firmeza que corresponde la devolución del 54% de los fondos que le birlaron a los correntinos, el silencio los condena como cómplices del dolor de su propio pueblo.

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