Crónica de una marcha atrás obligada

Lo que el oficialismo intentó imponer como una herramienta de "orden", terminó siendo el combustible de un conflicto que desbordó las escuelas. El Decreto Nº 760/26, publicado recientemente, ordena en su primer artículo dejar sin efecto la normativa que habilitó descuentos confiscatorios bajo el pretexto de inasistencias, afectando incluso derechos básicos como licencias por maternidad o salud.

La poda, que en marzo llegó a representar casi la totalidad del sueldo para miles de trabajadores, no solo fue denunciada como una "retención indebida", sino que fue el detonante de la renuncia del exministro Marcelo Rivas Piasentini. El Gobierno sintió el impacto de una calle que no se enfrió a pesar de las amenazas.

Nuevo esquema de liquidación

Además de eliminar el artículo castigador, el nuevo decreto modifica la liquidación del Adicional Remunerativo Docente (Concepto 193). A partir de ahora, se tomará como base el criterio del antiguo Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), calculándose sobre el cargo de Maestro de Grado o su equivalente en horas cátedra. Este cambio busca, en teoría, dar previsibilidad a un haber que hasta hace un mes era una lotería sujeta al humor del funcionario de turno.

Este retroceso del Ejecutivo correntino demuestra que la "fortaleza" del superávit provincial tiene un límite: la resistencia de sus trabajadores. Sin embargo, queda una pregunta en el aire para los Autoconvocados y los gremios: ¿Es esta derogación el fin del conflicto o simplemente una tregua táctica de Valdés mientras el sueldo básico sigue perdiendo la carrera contra la inflación? La eliminación del "castigo" es un triunfo, pero la dignidad salarial todavía está en lista de espera.