La economía doméstica sufrió un duro golpe en el inicio de febrero. Según la consultora LCG, la inflación de alimentos y bebidas alcanzó el 2,5 % semanal, la cifra más alta desde diciembre de 2023. El rubro de panificados, cereales y pastas trepó un 6 %, mientras que las bebidas e infusiones escalaron un 7,3 %. Este rebrote inflacionario corta una racha de diez semanas de relativa estabilidad y enciende las alarmas por su impacto directo en la Canasta Básica Alimentaria.

Sin embargo, el dato de los precios no puede leerse de forma aislada a la realidad social de Corrientes. Mientras la Secretaría de Agricultura celebra un aumento del 4 % en el consumo de carnes durante 2025 (principalmente aviar y porcina por el alto costo de la vacuna), los indicadores de salud infantil en la provincia revelan una crisis estructural. Según datos recientes basados en las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, Corrientes registra una tasa de mortalidad infantil de 14 por cada mil nacidos vivos, liderando el ranking nacional y triplicando a jurisdicciones como CABA.

Este escenario desmiente cualquier pretensión de "calidad educativa" basada únicamente en sumar horas de clase o días sábados. Con una pobreza infantil que, aunque muestra leves descensos a nivel nacional, sigue golpeando con fuerza en la región, la falta de una base nutricional adecuada desde la gestación condiciona el futuro de miles de niños correntinos. Sin una política que detenga la erosión de los ingresos y garantice la seguridad alimentaria, el aumento de la presión horaria sobre docentes y alumnos resulta una medida desconectada de la urgencia social.