«El presupuesto que envió el Poder Ejecutivo no satisface las necesidades del sistema universitario, porque proyecta para 2026 lo mismo que se transferirá en 2025, sin contemplar siquiera las pautas inflacionarias. Es decir, ni siquiera está presupuestado el 10% que el propio Gobierno reconoce», dijo el rector de la Universidad del Sol, consultado sobre la realidad universitaria nacional y la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), que -tras la ratificación del Congreso de la Nación-, fue promulgada por el Gobierno Nacional pero -vía decreto presidencial-, puesta en suspenso hasta tanto se definan las fuentes de financiamiento.

La decisión publicada el pasado 20 de octubre en el Boletín Oficial, motivó un llamado a reunión extraordinaria del plenario de de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes acordaron que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de esta norma que contempla una actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.

«Estamos de acuerdo en exigir el cumplimiento de la ley, pero aún analizamos la vía judicial", señaló Larroza en diálogo con LT7, y explicó que "cada institución evalúa su propio camino".

"No queremos una postura confrontativa, sino responsable, que nos permita encontrar soluciones», sostiene el rector de la UNNE y propone «agudizar la inteligencia y la capacidad de diálogo para salir de este momento».

«El presupuesto que envió el Poder Ejecutivo no satisface las necesidades del sistema universitario, porque proyecta para 2026 lo mismo que se transferirá en 2025, sin contemplar siquiera las pautas inflacionarias.
Se refirió a «un escenario muy complejo» en el que se encuentra el sistema universitario nacional, con presupuestos prorrogados, que no contemplan el índice inflacionario y no alcanzan a cubrir en muchos casos, las necesidades básicas de funcionamiento.

Larroza destacó que la desfinanciación incide principalmente en los salarios que representan «el 90% del presupuesto universitario», y remarcó que su deterioro afecta directamente el funcionamiento del sistema.

Explicó que, puntualmente en la UNNE, se trabaja «en base a ejes prioritarios», para garantizar la docencia, el apoyo estudiantil y el pago de servicios esenciales.

Lamentó la falta de presupuesto para avanzar con obras de infraestructura mayor que ahora debieron ser postergadas, pero destacó los avances en mejoras tecnológicas y mantenimiento básico: "Muchas obras las realizamos gracias a alianzas con municipios y gobiernos locales, lo que nos permitió sostener una expansión territorial que de otro modo hubiera sido imposible», señaló.

Aún en ese escenario, Larroza llamó a mantener la serenidad institucional y aseguró:"Es una cuestión de decisión política y de racionalidad. Las universidades públicas somos parte de la solución, no del problema», concluyó.

«No queremos que al país le vaya mal. Lo que pedimos representa apenas el 0,10% del presupuesto nacional".

Decisión del CIN

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).

"Un decreto no puede suspender una ley", dijo el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

En el comunicado emitido tras el encuentro, aseguran que la decisión presidencial de suspender la norma, "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos".

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente: www.diarioepoca.com