Diez años después de iniciada la causa, la Corte de Apelaciones de Nueva York frenó el embargo y dejó en suspenso la entrega de las acciones de la empresa YPF. La jueza Loretta Preska pretendía que Argentina entregue las acciones de la petrolera como pago por la expropiación “mal realizada” por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2012, o si obliga a depositar ese activo, u otros.
A través de la red social X, la compañía argentina anunció: "En relación a la causa que tramita en Estados Unidos entre la República Argentina, Petersen, Eton Park y otros, YPF informa que la Cámara de apelaciones del Segundo Circuito aceptó la solicitud del Estado de suspender la orden de entregar las acciones de YPF mientras tramita su apelación".
Cuál es el origen de este juicio
El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en U$S 16.100 millones, a los cuales se les suman más de U$S 2 millones diarios de intereses. En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.
La demanda es porque el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que habría perjudicado derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.
En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores. Uno es el Grupo Petersen, que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank. Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decidió la expropiación de YPF. La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.
Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.
El inicio de la causa
El juicio de YPF se inicia en 2015. Y es acá cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar: Burford Capital. La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.
En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, fue elegida por el síndico porque Petersen carecía de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante la cruzada judicial.
Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente. Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero Burford no compró las demandas, y no es propietario de las mismas.
Sin embargo, en el caso de que los acreedores cobren la demanda, se estipuló que un 70% iría a Burford Capital y el 30% le correspondería a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico. Este síndico distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de los Petersen, que no puso dinero propio para comprar YPF y que ahora tampoco recibiría fondos, porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería.
Fuente: www.eldestapeweb.com
