La estabilidad institucional de la República del Paraguay atraviesa su hora más crítica. La Cámara de Diputados de la vecina nación fue convocada a dos sesiones extraordinarias por el titular del cuerpo, Raúl Latorre, para tratar el inicio formal del juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
El proceso cobró una fuerza determinante tras el comunicado emitido por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado), Horacio Cartes, quien anunció públicamente que el espacio debe acompañar el juzgamiento del jefe de Estado. "No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente", expresó Cartes al ratificar la postura que deja a Peña sin sostén partidario.
El detonante: la quiebra del Ueno Bank y la retención de fondos
El desencadenante de la severa crisis política e institucional se originó en los graves problemas de solvencia registrados en el Ueno Bank, una entidad que concentraba casi tres millones de clientes y administraba recursos de diversos organismos públicos. La parálisis de la entidad y la imposibilidad de los usuarios para acceder a sus ahorros provocó inmediatas movilizaciones sociales y derivó en la renuncia del titular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo.
La acusación impulsada por una treintena de legisladores atribuye a Peña un presunto conflicto de intereses derivado de su participación accionaria en Ueno Holding, además de haber designado a Carvallo al frente de la entidad monetaria y haber propiciado una concentración irregular de los fondos de jubilación del Instituto de Previsión Social (IPS) en la banca privada en crisis.
Mecanismo parlamentario y sucesión en suspenso
Para que la acusación prospere en la Cámara de Diputados, se requiere la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión. En caso de obtener la luz verde en la Cámara Baja, el expediente avanzará hacia el Senado, estrado donde se requieren 30 votos sobre un total de 45 integrantes para declarar culpable al presidente y decretar su destitución inmediata.
En el plano político, sectores disidentes del oficialismo anticiparon que respaldarán el juicio político contra el presidente Peña pero no así contra el vicepresidente Pedro Alliana, abriendo la puerta a que este último asuma la titularidad del Poder Ejecutivo en caso de concretarse el desafuero del mandatario.
Radio Éxito 105.1 | El valor de la palabra
