El frente judicial y económico del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. El abogado Gregorio Dalbon pidió formalmente la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en el marco de la causa que investiga las polémicas operaciones financieras realizadas con las reservas de oro de la autoridad monetaria. El planteo judicial alcanza también a Juan Ernesto Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.
En su ampliación de la denuncia penal, el letrado reclamó que los tres altos funcionarios sean detenidos de manera preventiva para evitar un eventual entorpecimiento de la investigación. Como alternativa ante el rechazo de esa medida, solicitó que se les impongan restricciones severas, tales como la prohibición de salir del país, la limitación de sus comunicaciones con otros involucrados y la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales.
El aval de la AGN y las pérdidas millonarias
La presentación cobró impulso tras la aprobación por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) del informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025. El documento oficial consignó que las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de 1,469 billones de pesos, equivalentes a unos 1.023 millones de dólares en egresos efectivos de divisas.
El núcleo de la denuncia apunta a esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y ejecutaron las operaciones, cuestionando el uso de una estructura de instrumentos financieros conocida como "collar" (combinación de opciones de compra y venta). Según advirtió el denunciante, el rojo de las opciones superó abrumadoramente las primas registradas, debiendo determinarse los riesgos cubiertos, las contrapartes financieras y la existencia de un claro perjuicio patrimonial para el Estado.
Medidas de prueba y figuras penales
Dalbon argumentó que los funcionarios involucrados detentan el poder de acceder a documentación clave y autoridad sobre áreas cuyos integrantes podrían ser convocados como testigos, configurando un riesgo latente de ocultamiento o supresión de pruebas. Ante esto, la Justicia deberá evaluar el pedido de medidas de prueba, que incluye la requisitoria de actas de directorio, registros de liquidación y una pericia contable exhaustiva.
Las figuras legales mencionadas en la presentación preliminar incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, extremos que deberán ser dilucidados en el transcurso del proceso judicial.
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