El gobernador Juan Pablo Valdés encabeza una semana de definiciones políticas y económicas con la elevación del Presupuesto provincial 2027 a la Legislatura, proyectado en unos cuatro billones de pesos —por encima de los $3,2 billones del ejercicio actual—. Sin embargo, detrás de los grandes números de la "ley de leyes", la realidad de los trabajadores de la Administración Pública expone un panorama de fuerte deterioro, marcado por un atraso salarial crónico y anuncios demorados.

Mientras la administración provincial presume de gestiones en la Casa Rosada tras la reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y proyecta inversiones en infraestructura tras su paso por París, los bolsillos de los estatales correntinos sufren un ajuste impiadoso.

Un aumento licuado y salarios de miseria

La última recomposición salarial otorgada por el Ejecutivo provincial se remonta al mes de junio. Si se le suma el incremento dispuesto en marzo, los trabajadores estatales apenas acumulan un 16% de aumento, una cifra ridícula frente a la inflación interanual (agosto 2025 a agosto 2026) que escaló al 37%. Este brutal desfasaje explica el malestar generalizado que derivó, este último sábado, en nuevas protestas y movilizaciones de trabajadores autoconvocados en las calles de la provincia.

A este escenario se suma la manipulación de las referencias estadísticas: los números oficiales de la canasta básica se encuentran totalmente desdibujados y no guardan ninguna relación con el costo de vida real que afrontan las familias correntinas para subsistir ante el tarifazo y el descalabro de precios.

Gestiones que contrastan con la realidad local

En paralelo a la discusión presupuestaria, la agenda del mandatario se concentró en la revisión de cuentas en el Ministerio de Hacienda y en la continuidad de sus tratativas con la Nación por obras viales y energéticas. No obstante, el contraste entre la millonaria proyección presupuestaria y la postergación sistemática de los haberes estatales profundiza el malestar social.

Mientras el Gobierno insiste en exhibir herramientas de modernización digital —como la app Mi Corrientes—, la urgencia alimentaria y la pérdida del poder adquisitivo de docentes, policías, personal de salud y administrativos de la administración pública continúan siendo la gran deuda pendiente de una gestión que prioriza los números de la macroeconomía por sobre el bienestar de sus trabajadores.

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