La mentira estadística tiene patas cortas, pero el ajuste oficial se empeña en disimularla. A pesar de operar con un INDEC fuertemente sospechado, intervenido de facto tras la salida de Marcos Lavagna y aferrado a una metodología vetusta que desatiende el verdadero impacto de los tarifazos en los servicios, los alquileres desmedidos y la supervivencia de las familias a través de segundas marcas, las propias cifras oficiales no pudieron ocultar el desastre: en el primer semestre del año, la pobreza se ubicó en el 32,3% y la indigencia escaló al 7,5%.

Un número oficial que es solo la punta del iceberg

Al extrapolar estos porcentajes a los principales centros urbanos, el informe reconoce a 15,56 millones de pobres y más de 3,6 millones de indigentes, sumando más de dos millones de nuevos pobres en comparación con el semestre anterior. Sin embargo, el dato subestima la realidad. Al no ponderar adecuadamente la asfixia de los servicios públicos y la crisis habitacional, el salto del 4,1 puntos porcentuales en la pobreza semestral es apenas un piso que disimula una pauperización mucho más profunda.

La asimetría es insostenible: mientras los ingresos familiares crecieron en promedio un magro 11,5%, las canastas básicas aumentaron muy por encima impulsadas por la escalada de precios.

La infancia golpeada y el mapa de la exclusión

La crudeza del modelo se refleja sin filtros en los sectores más vulnerables: el 44,5% de los niños y adolescentes de hasta 14 años viven en hogares pobres. En la distribución federal, el Noreste argentino (NEA) volvió a ser la región más castigada del país con un 41,5% de incidencia, exponiendo el abandono al que son sometidas las provincias del interior.

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