Proponen crear un impuesto a la fuga de capitales para financiar salud, educación, jubilaciones y PAMI
Unión por la Patria presentó un proyecto en el Congreso para gravar con un 3% la salida de divisas, valores y activos virtuales al exterior. La iniciativa apunta a recolectar casi 3 billones de pesos para reparar el ahogamiento financiero que sufren las provincias y los sectores más golpeados por el ajuste libertario.
Frente al desfinanciamiento sistemático de las administraciones provinciales y municipales por parte del gobierno nacional, legisladores de Unión por la Patria encabezados por Máximo Kirchner presentaron un proyecto de ley para la creación del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC). La propuesta busca establecer una herramienta de justicia distributiva que grave la expatriación de recursos financieros para volcar esos fondos de manera directa en áreas críticas como salud, educación, discapacidad y jubilaciones.
Un tributo contra la timba y a favor del federalismo
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el gravamen del 3% recaerá sobre todas aquellas operaciones que impliquen, de forma directa o indirecta, la salida de divisas, títulos o activos virtuales hacia el exterior, aplicando un adicional del 2% cuando el destino sean guarizos fiscales de baja tributación. Los impulsores aclararon enfáticamente que la medida "no penaliza la inversión ni el comercio legítimo", ni afecta el consumo minorista o los ahorros que permanecen en el país, sino que apunta a desincentivar el arbitraje financiero improductivo.
La iniciativa toma como antecedente experiencias internacionales como la brasileña y responde a una realidad inocultable: entre 2023 y 2025, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias cayeron un derrumbe histórico del 72,8%, una asfixia que se profundiza aún más en el proyecto de Presupuesto 2027.
Asignación específica y recursos para reconstruir el Estado
Con una recaudación potencial estimada en un piso de 2,89 billones de pesos —diez veces más de lo enviado por el gobierno central en transferencias de capital durante 2025—, el esquema de distribución prevé un destino federal y social riguroso:
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60% para provincias y municipios (destinado a infraestructura sanitaria, educativa, vial, de vivienda y recomposición salarial).
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10% para salud y discapacidad (incluyendo al Hospital Garrahan).
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10% para educación.
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10% para el sistema previsional (jubilaciones y pensiones).
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10% para medicamentos y la atención médica de PAMI.
En un escenario donde el déficit cero se sostiene mediante el desguace de las prestaciones básicas y el ahogamiento de las economías provinciales, la propuesta opositora pone sobre la mesa el debate sobre quiénes deben pagar los costos de la crisis económica.
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