Un nuevo capítulo de extrema tensión se abre entre el Ejecutivo Nacional y la comunidad universitaria. La Justicia intimó formalmente al gobierno de Javier Milei a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario, otorgándole un plazo perentorio de cinco días para acatar una medida cautelar que exige la recomposición de los haberes del sector. El fallo, que lleva la firma del juez Martín Cormick, advierte de manera categórica que en caso de no verificarse el cumplimiento total de la cautelar —la cual ya se encuentra firme—, se procederá a aplicar astreintes, es decir, multas económicas al Estado por cada día de demora.

Esta resolución judicial aterriza en un escenario de altísima conflictividad. Paralelamente a la decisión de los tribunales, el Frente Sindical de Universidades Nacionales lleva adelante un paro con un acatamiento que ronda el 100%, según indicaron desde la federación Fedun. Las autoridades sindicales señalaron que las negociaciones fracasaron luego de que el Gobierno insistiera con una propuesta de recomposición salarial del 3%, una cifra que consideran insuficiente frente a un retraso salarial que calculan por encima del 31% y una deuda equivalente a cuatro salarios.

"No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente", manifestó Daniel Ricci, secretario general de Fedun. En este marco, las federaciones que integran el Frente Sindical (Conadu Histórica, Conadu, Fagdut, UDA, Ctera y Fedun) confirmaron un cronograma de visibilización y protestas ininterrumpidas durante 23 días hábiles. Este plan de acción y protesta en las casas de altos estudios de todo el país servirá como antesala para la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la actual administración nacional, prevista en el horizonte para el próximo martes 15 de octubre.

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