Mientras el gobierno nacional profundiza la extranjerización de los recursos estratégicos del país, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, sumó su propio capítulo a esa agenda: se reunió con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para ofrecer forestoindustria, cítricos, minería, ganadería e infraestructura estratégica —puertos, ferrocarril, aeropuerto de cargas, energía y gas— a la principal potencia económica del mundo.

El encuentro se dio en la embajada norteamericana en Buenos Aires y fue presentado por la Casa de Gobierno correntina como un paso hacia "más mercados y más inversiones". Pero detrás del lenguaje técnico de "diversificar la oferta exportable" y "agregar valor local", lo que se discutió fue directamente el destino de los recursos naturales de la provincia: quién los explota, en qué condiciones y bajo qué reglas.

No es un caso aislado. Es el mismo patrón que se repite en Neuquén con Vaca Muerta y Rolando Figueroa, o en San Juan, donde el gobernador Marcelo Orrego avanzó con concesiones mineras a 71 años con posibilidad de litigar en tribunales internacionales como el CIADI. En todos los casos, gobernadores que dicen defender el federalismo terminan practicando algo distinto: un provincialismo que negocia recursos estratégicos de forma directa con potencias extranjeras y corporaciones transnacionales, sin pasar por una discusión nacional sobre soberanía.

El riesgo no es menor. Cuando un gobernador ofrece minería, energía y gas natural a un embajador extranjero como quien exhibe un catálogo de inversión, no está defendiendo a su provincia frente al poder central: está comprometiendo recursos que exceden lo provincial y que hacen a la soberanía de todo el país. Bajo la retórica de "más empleo y desarrollo para los correntinos", lo que se consolida es un esquema donde las provincias argentinas compiten entre sí para seducir a los mismos capitales, mientras ceden cada vez más control sobre lo que hay debajo —y encima— de su suelo.

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