El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso mantiene una lógica consolidada durante tres años: recortar en términos reales casi todas las funciones del Estado, con excepciones muy puntuales. Un análisis comparativo de las partidas vigentes entre 2023 y 2027, función por función, permite trazar un mapa detallado de un ajuste que en áreas específicas llega a rozar el 99%. La hoja de ruta responde al diseño de la motosierra de la campaña de 2023, priorizando el equilibrio fiscal estricto y condicionando cualquier aumento de partidas a la aparición de financiamiento adicional.

Dentro de la finalidad Servicios Sociales, que en conjunto retrocede 26,5% en términos reales, la función Vivienda y Urbanismo prácticamente desaparece del presupuesto al caer un 99,3%. Le siguen Agua Potable y Alcantarillado (-94,4%) y Promoción y Asistencia Social (-80,2%). En la vereda opuesta, la única suba real dentro de esta finalidad se registra en Salud, que crece un 8,9%, mientras Trabajo y Seguridad Social bajan de forma moderada, un 13,0% y un 12,8% respectivamente.

Por su parte, la finalidad Servicios Económicos se posiciona como la más castigada con un desplome del 73,4% real entre 2023 y 2027. Áreas como Industria y Comercio, Turismo y Otros Servicios ni siquiera contemplan metas físicas para 2027, manteniendo la industria un magro 0,1% del gasto total. El achicamiento también alcanza a la Administración Gubernamental (-51,4%), la Ciencia y Tecnología (-45,7%) —con recortes proyectados en becas del CONICET y fondos para el INTI, el INTA y el SENASA— y el área de Educación y Cultura (-51,2%), consolidando un nuevo mapa estatal tras cuatro años de gestión.

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