La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó mediante la Disposición 271/2026 la habilitación de seis nuevos dispositivos de control de velocidad y adelantamientos en tramos estratégicos de las rutas nacionales 14 y 119. Sin embargo, lejos de representar una política genuina de prevención, la medida desnuda una vez más el lucrativo negocio detrás de los cinemómetros, donde empresas privadas contratadas se apropian de hasta el 70% de las multas cobradas a los automovilistas.

Este esquema de tercerización opera como una suculenta caja financiera para las administraciones locales y comunales, que ceden su poder de policía a cambio de un porcentaje ínfimo mientras eluden la inversión real en infraestructura vial. El contraste es brutal: mientras las trazas nacionales acumulan baches profundos, falta de iluminación y banquinas destruidas —factores que explican la verdadera siniestralidad—, los recursos y los controles se concentran exclusivamente en colocar dispositivos diseñados para exprimir el bolsillo de los conductores.

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