El ajuste nacional continúa siendo profundo y generalizado en todo el país. En ese marco, Corrientes fue una de las provincias con trato preferencial a contracorriente: recibió $3.458 millones en fondos nacionales no automáticos (discrecionales), un 21% más que el año anterior, ubicándose 9° en el reparto federal con el 5,1% del total.

Ese trato diferencial no es casual: se trata de partidas que dependen exclusivamente de la voluntad política de la Casa Rosada, y todo indica que la postura de los legisladores correntinos —tanto en Diputados como en el Senado nacional— habría sido determinante para destrabar este incremento, en lo que puede leerse como una devolución de favores políticos.

Sin embargo, esa discrecionalidad a favor de la provincia no se tradujo en ninguna mejora para los trabajadores estatales. Fue una decisión del propio gobernador Juan Pablo Valdés no trasladar ese ingreso extra a los salarios: los sueldos públicos permanecen congelados desde junio, sin ningún anuncio de recomposición desde entonces.

El criterio arbitrario del mandatario correntino queda expuesto en los números: en todo 2026 el salario básico solo tuvo dos actualizaciones, 6% en marzo y 10% en junio (un acumulado del 16%), aplicadas además sobre un básico que en ese momento apenas rozaba los $200.000. Contra ese 16%, la inflación interanual más reciente informada por el INDEC (a julio) fue del 33,8%. Los trabajadores estatales correntinos pierden por goleada frente a la inflación, y la brecha se sigue ensanchando mes a mes, porque la suba de precios es mensual y acumulativa.

El cuadro social agrava el panorama: la región del NEA continúa con la inflación más alta del país, hay una fuerte caída del consumo, los índices de pobreza superan la media nacional y la morosidad de las familias correntinas también está por encima del promedio.

La pregunta que queda planteada es por qué, teniendo fondos discrecionales de sobra para hacerlo, el gobierno provincial elige seguir pateando la pelota salarial para adelante.

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