Los números no dejan margen para la ambigüedad. Corrientes lidera el ranking nacional de mortalidad infantil, con 14 muertes cada 1.000 nacidos vivos, casi el doble del promedio país. Es, además, la provincia que más empeoró ese indicador en apenas un año. A eso se suma que sus supermercados registraron en mayo la caída de ventas más pronunciada de todo el país (-22,7% interanual) y que, medido contra el promedio histórico de la última década, el consumo correntino está un 32,8% por debajo: la tercera peor caída de la Argentina. Los salarios privados formales están entre los seis más bajos del país y el pluriempleo —la necesidad de sumar un segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes— afecta al 15,4% de los correntinos ocupados, muy por encima del promedio nacional.
A la brecha salarial estructural se suma el ajuste puertas adentro del propio Estado provincial: los salarios estatales en Corrientes están prácticamente congelados. El propio Ministerio de Hacienda provincial admitió una suba acumulada del 16% al básico durante 2026 (6% en marzo y 10% en junio), sobre un salario que ronda los $200.000. Esa recomposición está muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, cercana al 34% interanual. Eso implica una pérdida real de poder adquisitivo de alrededor del 13%: el mismo empleado estatal que hace un año podía comprar $100 de bienes, hoy solo puede comprar $87.
A la brecha salarial estructural se suma el ajuste puertas adentro del propio Estado provincial:
Hay, además, una trampa estadística en el discurso oficial. El Gobierno provincial sostiene que Corrientes paga "los sueldos más altos del NEA" en el sector docente y de seguridad, apoyándose en dos adicionales remunerativos: el Plus Unificado ($110.000) y el Plus de Refuerzo ($100.000), que juntos suman $210.000. Pero ambos se liquidan por agente, no por cargo: un docente que trabaja en dos cargos —algo habitual en una provincia donde el pluriempleo roza el 15,4%— cobra ese plus una sola vez, no lo duplica. El resultado es que la comparación oficial con otras provincias, que toma el salario "por cargo" incluyendo el plus, sobreestima sistemáticamente el ingreso real de buena parte de la planta docente correntina, que necesita sumar un segundo cargo justamente porque el salario de uno solo no alcanza.
Ese ahogo salarial no es casual: responde a una asfixia fiscal integral que Nación viene ejerciendo sobre las provincias, y de la que Corrientes no escapa. El Gobierno de Milei eliminó el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), obligando a la provincia a cubrirlo con fondos propios. Eliminó también el Fondo Compensador del Interior para el transporte, lo que dejó a Corrientes con uno de los boletos de colectivo más caros del país. Paralizó casi por completo la obra pública nacional, golpeando al empleo de la construcción, mientras la coparticipación y las transferencias caen mes a mes por la baja en la recaudación de IVA y Ganancias. El resultado: Corrientes fue una de las nueve provincias que más tuvo que ajustar su gasto en el primer trimestre de 2026, y en abril debió pedirle a Nación un adelanto de emergencia de hasta $400.000 millones —a devolver con intereses en el mismo año— solo para poder pagar los sueldos. Es la otra cara de la moneda: mientras los diputados de Vamos Corrientes y LLA votan en el Congreso el ajuste que asfixia a su propia provincia, la sociedad correntina, con salarios que no alcanzan, termina recurriendo al crédito informal y a tasas usurarias para sobrevivir el mes.
Es en ese contexto que la Cámara de Diputados de la Nación debatió, en la misma sesión maratónica del 26 y 27 de agosto, tres cuestiones que exponen con crudeza a qué intereses responde cada bloque.
Por un lado, la oposición —impulsada por Unión por la Patria y aliados — intentó incorporar de urgencia el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento y morosidad familiar, un problema que golpea a millones de hogares argentinos y, en particular, a una provincia como Corrientes. La moción reunió 133 votos, pero no alcanzó los tres cuartos necesarios para forzar su debate: el oficialismo y sus aliados —entre ellos el diputado correntino Diógenes González (UCR/Vamos Corrientes) y la bancada libertaria de la provincia— lo impidieron.
Horas después, esos mismos bloques sí encontraron los votos para darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa insignia de Milei para blindar la política económica, votada por Diógenes González y María Virginia Gallardo (LLA-Corrientes) en favor de la ley. Y minutos más tarde, con el mismo entusiasmo, avalaron la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II, que amplía sin topes de ingresos ni patrimonio el universo de contribuyentes que pueden regularizar fondos no declarados sin sufrir sanciones penales. Esta vez la bancada correntina que acompañó fue completa: González, Gallardo, Lisandro Almirón y José Federico Tournier, los cuatro representantes de Vamos Corrientes y LLA.
La contradicción es evidente: mientras miles de familias correntinas —y argentinas— no consiguen refinanciar una deuda de tarjeta o llegan a fin de mes con dos o tres trabajos, el Congreso les cerró la puerta a una discusión urgente sobre su situación. Pero sí abrió la puerta, el mismo día, a una ley que beneficia a quienes evadieron impuestos, permitiéndoles blanquear ese dinero sin pagar las consecuencias penales que corresponderían.
Los únicos que votaron en sintonía con el reclamo de tratar el endeudamiento familiar y en contra tanto del blindaje al modelo económico como de la condonación a los evasores fueron los tres diputados de Unión por la Patria por Corrientes: Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Zulli.
Queda así trazada una línea clara: Vamos Corrientes, el espacio que gobierna Juan Pablo Valdés pero cuyo verdadero jefe político sigue siendo su hermano Gustavo Valdés —el hombre fuerte que define la táctica y la estrategia del espacio en el escenario nacional—, eligió una vez más acompañar en el Congreso el programa económico de Javier Milei, incluso cuando ese programa no ofrece respuestas a una provincia que encabeza los peores indicadores sociales del país.
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