El escenario social y político vuelve a tensarse con fuerza en todo el país. Tras los recientes debates legislativos, el gobierno de Javier Milei enfrenta ahora una nueva ola de protestas protagonizada por el sistema científico y universitario. Por un lado, investigadores y trabajadores de organismos nacionales convocaron para este miércoles a una gran concentración en el Obelisco; por el otro, las casas de altos estudios llevan adelante un paro total de actividades en demanda de fondos y recomposición salarial.

Ciencia en alerta: la convocatoria federal

Bajo la consigna "Defender la ciencia es defender el futuro de nuestro país", la comunidad científica agrupada en torno al Conicet y otros organismos estratégicos —como el ANLIS-Malbrán, CNEA, INTA, INTI y el Servicio Meteorológico Nacional— puso en marcha una movilización federal. Investigadores de distintos puntos del país, desde Córdoba y Bariloche hasta Puerto Madryn y La Rioja, manifestaron su rechazo al vaciamiento y a los recortes, recordando que se otorgaron un 40% menos de becas de posdoctorado en comparación con 2023.

El conflicto universitario y la respuesta oficial

En simultáneo, los gremios y federaciones universitarias concretan un paro total de actividades para repudiar el reiterado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N°. 27.795), aprobada por el Congreso pero no aplicada de forma integral por el Ejecutivo. Desde los sindicatos, como la AGD UBA, denuncian que tras el último incremento acordado persiste una brecha salarial del 28,5% y exigen el pago retroactivo desde octubre de 2025.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. A través de un comunicado emitido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, la administración nacional calificó a la medida de fuerza como "ilegítima" y sostuvo que los únicos perjudicados son los estudiantes. Asimismo, la cartera conducida por Sandra Pettovello detalló los montos transferidos en concepto de gastos de funcionamiento para hospitales universitarios y partidas salariales, asegurando que se está cumpliendo estrictamente con el cronograma y los compromisos presupuestarios asumidos.

Pese a los números oficiales esgrimidos por el Ejecutivo, los gremios advierten que sin cumplimiento integral y sin retroactividad, el conflicto continuará abierto en las calles y en las aulas de todo el país.

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