El modelo económico del Gobierno nacional enfrenta una encrucijada cada vez más evidente: el superávit fiscal se sostiene con menos ingresos reales y un torniquete de ajuste que empieza a quedarse sin margen de corte. Durante el mes de junio, los recursos tributarios llegaron a los $20 billones, lo que representó una suba nominal del 23,7% en comparación con el año pasado, pero que quedó casi diez puntos por debajo de la inflación estimada, consolidando una caída real del 7,4%.

El retroceso de la caja estatal se explica por menores ingresos en las retenciones agropecuarias (que cayeron un 27,8% nominal), la baja en los derechos de importación debido a la desaceleración de compras externas, y la prórroga del pago de Ganancias y Bienes Personales para personas humanas. Sin embargo, el dato más preocupante para los analistas es el comportamiento de los impuestos vinculados a la actividad interna y al empleo formal.

El avance de la informalidad laboral

Especialistas en la materia advierten sobre un proceso de "peruanización" de la economía argentina, caracterizado por un fuerte crecimiento de la informalidad. El IVA, considerado el verdadero termómetro del consumo formal, registró una caída del 7,2% real en comparación con el 2025.

A esto se suma la caída del 4,6% en los aportes personales y del 3,3% en las contribuciones patronales. Los datos del sector reflejan que, desde el inicio de la gestión actual, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo en el circuito formal, derivando en un incremento de 160.000 asalariados informales y más de 420.000 cuentapropistas no registrados.

Trabajar la mitad del año para pagarle al Estado

Mientras la recaudación total del sistema tributario acumuló una baja del 5,3% real en el primer semestre —resignando $6,5 billones entre Nación y Provincias—, la presión sobre las familias trabajadoras no da tregua. Según el IARAF, un asalariado debe trabajar entre 172 y 182 días del año únicamente para cubrir la carga impositiva.

El informe detalla que en los hogares de menores ingresos, los impuestos indirectos al consumo (como el IVA o Ingresos Brutos escondidos en los precios) impactan mucho más fuerte, representando el 15,6% de su ingreso total frente al 11,8% de los sectores más altos, debido a la nula capacidad de ahorro de las familias vulnerables. Asimismo, las cargas al trabajo directo representan un 33% en los ingresos bajos y disminuyen al 25,6% en los salarios más elevados por la existencia de topes en los aportes.

Frente a una caja que se achica, el Palacio de Hacienda se ve obligado a realizar movimientos de sintonía fina: aplica aumentos parciales en combustibles o transportes para recaudar, pero se ve forzado a mantener parches como las bonificaciones energéticas en el gas para evitar que la inflación vuelva a encenderse en pleno invierno. La discusión de fondo entre los economistas sigue abierta sobre si este superávit técnico es sostenible o si se convirtió en una carga excesiva sobre las espaldas de los trabajadores de menores recursos.