La decisión del máximo tribunal representa una victoria crucial para la comunidad educativa de todo el país y para las decenas de miles de ciudadanos que salieron a las calles a defender el sistema público y gratuito. Sin embargo, también deja en evidencia las profundas contradicciones de las fuerzas políticas aliadas a la Casa Rosada.

El impacto directo en el bolsillo docente

El fallo de la Corte corre por una vía paralela e independiente a los últimos acuerdos paritarios de junio. Mientras el Ministerio de Capital Humano pretendía cerrar la discusión con un incremento escalonado del 24,33%, la ratificación de los artículos 5 y 6 de la ley aprobada por el Congreso obliga al Estado a recomponer los sueldos tomando como base la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

Desde los gremios universitarios (como Aduba) señalaron que, para dar cumplimiento real a lo dictaminado por la Justicia, el Gobierno deberá girar de inmediato los fondos para cubrir un 30% de aumento adicional para el personal de las más de 60 universidades nacionales del país. "El Gobierno ya no tiene más artimañas legales para no actualizar el salario de los trabajadores", afirmaron los referentes del sector.

El festejo hipócrita de la UCR y el "efecto tero"

Tras conocerse el dictamen, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebraron la medida, recordando el sistemático y violento hostigamiento mediático que sufrieron rectores, docentes y sus familias por parte del aparato de propaganda oficialista durante los últimos dos años.

Quien también se sumó a los festejos de manera inmediata fue la Unión Cívica Radical (UCR). A través de un comunicado oficial, el centenario partido exigió que el Gobierno nacional "acate la ley ya". Lo que la dirigencia radical omite en su relato celebratorio es el doble estándar con el que operan sus representantes en el Congreso: los mismos sectores que hoy aplauden la decisión judicial fueron claves pocas horas antes en la Cámara de Diputados para blindar a los funcionarios del ajuste mileísta y vaciar de quórum los pedidos de transparencia institucional.

Con este veredicto, la Justicia le pone un freno al intento oficial de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia que pisotean las leyes de la Nación. Para las universidades correntinas y de todo el territorio federal, el fallo devuelve un marco de previsibilidad elemental frente a la crueldad de un modelo que ve en el conocimiento un gasto y no un derecho.