La Cámara de Diputados sesionó a pedir de la Casa Rosada en una maratónica jornada que desnudó, una vez más, el criterio ambiguo y la doble vara de los legisladores que dicen defender el federalismo pero levantan la mano para convalidar el vaciamiento del Estado.

Un traje a la medida del capital concentrado

El denominado "Super RIGI" obtuvo la media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, logrando su pasaje al Senado. El proyecto otorga garantías extremas y un blindaje impositivo absoluto a las denominadas "nuevas actividades económicas" vinculadas a la infraestructura tecnológica y digital estratégica.

Desde la oposición dura se denunció que el texto enviado por el Poder Ejecutivo "choca con la Constitución en diez artículos" y destruye de manera directa el tejido de la industria y el empleo nacional. Incluso sectores parlamentarios moderados advirtieron que la ley tiene "nombre y apellido" —en alusión al magnate de la Inteligencia Artificial, Peter Thiel— y que se concentra exclusivamente en incentivar sectores de capital intensivo sin ningún tipo de compensación ni protección para los rubros de trabajo intensivo en el país.

Millones para los buitres sin partida presupuestaria

En la misma línea de entrega, el Congreso otorgó la sanción definitiva a la autorización de pago por U$S 171 millones a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y al grupo acreedor encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Con 139 votos positivos y 97 negativos, el oficialismo cerró filas con la UCR y el PRO.

El dato más escandaloso que expone el doble estándar del Gobierno nacional y de sus satélites parlamentarios radica en el financiamiento: el proyecto aprobado carece por completo de asignación presupuestaria. Los mismos sectores que justificaron y aplaudieron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario bajo la premisa del "déficit cero", votaron en esta oportunidad un desembolso multimillonario en dólares a fondos especulativos sin identificar de qué partidas saldrán los recursos.

El blindaje al jefe de Gabinete

Antes de adentrarse en las leyes económicas, el interbloque oficialista operó para garantizarle impunidad a Manuel Adorni. Tras haber vaciado el recinto en las sesiones especiales previas, LLA cosechó el respaldo orgánico del radicalismo, el MID y bloques provinciales alineados a las gobernaciones del interior para rechazar los dos pedidos de interpelación sobre tablas promovidos por la oposición.

La permanencia del Jefe de Gabinete en su cargo es calificada como "insostenible" por amplios sectores debido a las denuncias de mentiras e inconsistencias en su incremento patrimonial ante el Congreso. No obstante, tirando "alpiste antikirchnerista" y tildando el reclamo de transparencia como un "show", el PRO y la UCR blindaron corporativamente al funcionario, demostrando que su supuesto combate a la corrupción es puramente discursivo y selectivo.