"No tenemos nada que perder": El desgarrador y fuerte descargo de un docente tras el cierre de una escuela histórica en Santo Tomé
AJUSTE EN EL BARRO. La motosierra nacional encuentra en Corrientes a sus ejecutores más dóciles. Este lunes se consumó el cierre definitivo de la Escuela N° 225 “Cesáreo Navajas Centeno” en el paraje Cailar Cué (Santo Tomé), una institución con 62 años de arraigo rural. El docente Ricardo Ifrán Miño rompió el silencio con una denuncia pública que desnuda no solo el vaciamiento del sistema educativo por parte de la gestión de Gustavo y Juan Pablo Valdés, sino también la trama de desprotección laboral, complicidad de los gremios orgánicos y un régimen de persecución e intimidación hacia los maestros que sostienen las aulas a fuerza de endeudamiento personal.
La insensibilidad oficial quedó retratada en una sola postal: funcionarios arribando en modernas camionetas 4x4 con chofer para proceder al desmantelamiento de la institución. Del otro lado quedan los docentes, quienes históricamente han destinado gran parte de sus magros salarios en talleres mecánicos, repuestos y remises carísimos para recorrer 80 kilómetros de caminos intransitables, garantizando de su propio bolsillo el almuerzo y la copa de leche para los alumnos del paraje. Un esfuerzo silencioso financiado muchas veces con préstamos de tasas exorbitantes del propio banco provincial.
Gremialismo cómplice y expedientes "encajonados"
El descargo del maestro apunta con nombre y apellido a las estructuras que debieran defenderlo. Ifrán Miño denunció el desamparo de su propio sindicato, al que le aporta mensualmente la suma de $31.031,37. Tras 13 años ininterrumpidos en el cargo de director de cuarta categoría, amparado legítimamente por el Estatuto del Docente (Decreto 6.478/84), la única respuesta del gremio ante el reclamo de su estabilidad laboral fue un tajante: "No podemos hacer nada", mientras su expediente dormía archivado en una oficina.
Persecución, videollamadas e intimidación informal
El testimonio abre una ventana urgente hacia los métodos de control que hoy imperan en el ámbito educativo de la zona (Santo Tomé, San Carlos, Alvear, Virasoro). La denuncia señala de forma directa la existencia de directivas basadas en el maltrato profesional: desde videollamadas sorpresa por WhatsApp a cualquier hora del día para vigilar a los trabajadores, hasta amenazas explícitas de sumarios administrativos en las reuniones: "Al que no le gusta, que deje el cargo".
Lejos del relato oficial de "modernización" que el oficialismo de Vamos Corrientes publicita en la capital, las comunidades del interior padecen la falta de luz, agua potable, señal de internet y recursos mínimos. Para las autoridades ministeriales, la escuela rural es apenas un trámite burocrático más en una planilla de ajuste; para el paraje Cailar Cué, representa la pérdida irreparable del derecho básico a la escolarización de sus niños.
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