La crisis de Forestal Tapebicuá, en Gobernador Virasoro, tomó un giro escandaloso. La empresa, que está paralizada desde agosto del año pasado, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una denuncia que expone el uso impune de sus recursos por parte del personal jerárquico. Mientras los operarios mendigan por su sueldo y su obra social, los gerentes estarían utilizando las camionetas de la firma para traslados particulares e incluso para llevar personal a aserraderos privados.

Ante esta situación, se solicitó a la Justicia el secuestro preventivo de todos los rodados de la empresa y un embargo preventivo por $400.000.000 contra Celulosa Argentina. El objetivo es claro: asegurar que ese dinero se destine al pago de los salarios adeudados y a devolverle la cobertura de salud a las más de 400 familias que quedaron a la deriva desde julio de 2025.

El descaro de la gerencia

La fundamentación del pedido judicial es lapidaria: las camionetas no solo no regresan a la base de la empresa, sino que están siendo utilizadas para beneficiar negocios particulares de empleados ligados al sector gerencial. Es el mundo del revés: la producción está muerta, la fábrica en silencio, pero los jefes siguen moviéndose como si nada pasara, mientras el trabajador no tiene ni para los remedios de sus hijos.

Este pedido de embargo es una medida desesperada para frenar el vaciamiento y garantizar que, antes de que se lleven hasta los cables, se le pague a quienes pusieron el cuerpo durante años en la planta maderera.