Un lapidario informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone números a la angustia que se vive en las provincias: entre enero y marzo de 2026, la conflictividad laboral estalló con más de 90 medidas de fuerza en todos los distritos. El motivo es matemático y cruel: las transferencias nacionales retrocedieron un 6,1% y los ingresos propios de las provincias cayeron un 7,3% por el parate total de la economía.

Para Corrientes y el resto de las jurisdicciones, el impacto es inmediato porque el 80% del presupuesto se va en salarios. Sin plata de Nación y con los negocios locales vendiendo menos, los gobernadores se quedan sin "caja" para cerrar paritarias, lo que empuja a los gremios de salud, educación y seguridad a la calle.

De transferencias a "adelantos": La soga al cuello

La estrategia de la Casa Rosada cambió la lógica del auxilio: ya no hay transferencias automáticas, ahora hay "adelantos" que generan una dependencia absoluta del poder central. Es el juego del "látigo y la billetera" llevado al extremo, donde las provincias pierden autonomía y los gobernadores quedan como rehenes de las leyes que Javier Milei quiere imponer en el Congreso.

La realidad en el interior

Mientras en los despachos técnicos se habla de "equilibrio fiscal", en las ciudades como La Cruz la realidad es el deterioro de los servicios públicos y el malestar social. Con las herramientas de asistencia como los ATN reducidas a su mínima expresión (menos del 2%), el escenario hacia junio es sombrío: muchos municipios ya advierten que el pago de aguinaldos está en serio riesgo.