Tras semanas de asambleas, carpas en las rutas y una movilización que puso en jaque la paz social de la provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés firmó el Decreto Nº 760, dejando sin efecto el polémico Artículo 4° que permitía podas salariales de hasta el 90% en los haberes docentes. El "gatillo aleccionador", utilizado para castigar el paro de marzo y que provocó incluso la caída de un ministro de Hacienda, fue finalmente eliminado ante la contundencia de los reclamos gremiales que denunciaban la inconstitucionalidad de la medida. Fabián de Luca analiza este triunfo de las bases frente a la prepotencia oficial.

La interna educativa en Corrientes ha tomado un giro dramático y cargado de sospechas. Tras las declaraciones del gobernador Juan Pablo Valdés, quien afirmó con seguridad poseer "fotos" de reuniones entre la cuestionada ministra Ana Miño y los gremios, el malestar en las bases docentes ha estallado. Mientras los afiliados denuncian un ninguneo sistemático y falta de diálogo, el mandatario descolocó a la prensa al asegurar que existe una comunicación permanente. Ahora, los dardos no solo apuntan a la cartera educativa, sino a la cúpula de AMET, SUTECO y ACDP: los docentes quieren saber qué se negocia a sus espaldas y por qué las "fotos" que ve el Gobernador nunca llegaron a las escuelas.

Tras la indignación social que generó la agresión a un menor de 12 años durante el Viernes Santo, la Policía de Corrientes detuvo anoche al principal sospechoso en la ciudad de Mercedes. La víctima, identificada como Matías, sufrió fractura y hundimiento de cráneo tras ser atacado con un ladrillazo y un "cinto de piñón" en un presunto intento de robo. Mientras el niño se recupera de una cirugía que requirió más de 50 puntos de sutura, su familia exige que el peso de la ley caiga sobre los responsables y denuncia el clima de miedo que se vive en el barrio San Martín.

En una improvisada rueda de prensa en la Casa de Gobierno, Juan Pablo Valdés admitió la crítica situación financiera que atraviesan las comunas correntinas, señalando que los municipios "chicos" son los más afectados por la falta de fondos. A menos de seis meses de iniciado el año, la caída en los índices de coparticipación y el "desorden" heredado de las transiciones del pasado 10 de diciembre han dejado a varios distritos al borde de la parálisis. Ante la emergencia, el Ejecutivo provincial prepara un decreto de auxilio financiero para que los intendentes puedan afrontar el pago de salarios de abril.

Un violento enfrentamiento armado se registró este lunes en la frontera fluvial entre Argentina y Paraguay, cuando efectivos de la Prefectura Naval fueron emboscados mientras incautaban un cargamento millonario de contrabando. El hecho, que incluyó disparos de armas automáticas desde ambas márgenes del río Paraná, terminó con una agente de la Agrupación Albatros herida y el secuestro de mercadería valuada en 245 millones de pesos.

Lo que parecía una escena de una película de terror norteamericana se coló en las aulas de la Escuela Técnica N° 1 de Santo Tomé. Una madre descubrió en el teléfono de su hijo una serie de chats donde un grupo de alumnos de primer año organizaba con escalofriante detalle un tiroteo masivo dentro de la institución, con el objetivo explícito de asesinar a docentes y compañeros. El caso, que ya está en manos de la justicia y de los supervisores del Ministerio de Educación en Corrientes, deja al desnudo una realidad alarmante: la provincia no cuenta con protocolos oficiales para actuar ante amenazas de masacres escolares. Fabián de Luca analiza la fragilidad de un sistema que llega tarde a la violencia digital.

La recesión ya no es una amenaza, es el paisaje cotidiano de la economía argentina y correntina. Según el último informe de CAME, las ventas minoristas encadenaron en marzo su undécimo mes consecutivo de caída, acumulando un rojo del 3,6% en lo que va del año. Con un poder adquisitivo pulverizado y costos fijos que devoran los márgenes de ganancia, el 60% de los comerciantes ya considera que el escenario es "invivible" para nuevas inversiones. Mientras el discurso oficial en Corrientes se distrae con paritarias por goteo y promesas de infraestructura, el mostrador de la esquina cuenta una historia de vaciamiento y desprotección. Fabián de Luca analiza el fin del mito del rebote.

La paz social en Corrientes es hoy una ficción que solo se sostiene en los despachos oficiales. Tras un fin de semana marcado por caravanas, bocinazos y un ruidazo histórico frente a los Institutos de Formación Docente, los trabajadores de la educación y la salud han unificado sus reclamos en un petitorio de audiencia urgente dirigido al gobernador Juan Pablo Valdés. Entre denuncias por despidos encubiertos, el vaciamiento del IOSCOR y una ministra, Ana Miño, que pretende gestionar vía redes sociales mientras el sistema cruje, el conflicto ha escalado de lo salarial a lo institucional. Fabián de Luca analiza la sorda espera de un Gobierno que se queda sin margen de maniobra frente al llano.

En un nuevo despliegue de imprecisión calculada, el gobernador Juan Pablo Valdés volvió a postergar las definiciones salariales para la administración pública bajo la gastada fórmula del "pronto anuncio". Mientras los docentes exigen la renuncia de la ministra Ana Miño y denuncian un vaciamiento sistemático en la formación profesional, el mandatario apela a "mejorar índices" invisibles para el trabajador del llano. En una entrevista que intentó blindar la gestión educativa con "fotos de reuniones", Valdés exhibe una alarmante desconexión con la realidad de una provincia donde el sueldo ya no cubre la canasta básica y la incertidumbre es la única política de Estado. Fabián de Luca analiza la dialéctica de la postergación.

No es un municipio aislado, es un sistema multiorgánico de impunidad el que recorre la Costa del Uruguay. Desde el regreso de los vales de hambre en Guaviraví hasta el festival de nepotismo en La Cruz, pasando por los millones sin explicación en Alvear y la desidia de obras abandonadas en Yapeyú. Bajo el sello de "Vamos Corrientes", los municipios exhiben una alarmante degradación administrativa donde el ajuste lo paga el trabajador y el premio se lo lleva el funcionario leal.