El vicegobernador Pedro Braillard Poccard recibió a La República y mantuvo una entrevista en la que se trataron los temas legislativos y de índole política más relevantes del año. En la ocasión, ponderó el trabajo del Senado, cuestionó la negativa de parte de la oposición a los proyectos de créditos y defendió la independencia del Poder Judicial.
—¿Cuál es el balance del año para el Senado provincial?
—Creo que el balance es muy positivo. Me baso en que prácticamente no solo no ha quedado pendiente un tema urgente, sino que convirtieron en ley o se le dio media sanción a temas trascendentes, muchos de ellos con un fuerte impacto en la sociedad civil. A modo de ejemplo, fueron ley el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Criminalística y se le dio media sanción a un antiguo anhelo de la sociedad: el Colegio de Agentes de Propagandas Médicas, que están muy bien organizados y querían su regularización.
—¿Por qué cree que se da esta particularidad en cuanto al tratamiento casi unísono de diversos proyectos de colegiación?
—Normalmente se da que al crecimiento y fortalecimiento que se está viviendo en la sociedad civil, los organismos adquieren un tipo de estructuración y organización en función de la ley vigente. Acá tenemos el caso de los trabajadores sociales, pero ellos reemplazan su asociación civil por un colegio. En el caso de los agentes de propagandas médicas, ellos han ido creciendo desde lo institucional, estableciendo una academia, de modo tal que el que vaya a hacer ese trabajo tenga previamente que capacitarse. 
—¿Qué evaluación hace sobre el tratamiento de los créditos?
—Se realizó un trabajo meticuloso, que si bien no tuvo media sanción este año, puede servir como base para el que viene, en materia de toma de créditos para obras. Respecto del crédito para las Comunas, salvo que los intendentes opositores se movilicen, no creo que eso salga. El trabajo fue interesante y muy detallado al separar los temas por materias: energía, gas, caminos y obras de saneamiento, o sea, agua y cloacas. En energía, no solo establece la aprobación de la toma de créditos, sino que además detalla obra por obra, costos y ubicaciones. Eso evita cualquier tipo de posibilidad de discrecionalidad en la utilización de los recursos. Como las obras están enumeradas, cada Municipio puede convertirse en custodio de su realización, como también reclamar si esto no prospera. Pero las obras imprescindibles, la Provincia las va a hacer de igual manera.
—Desde el interbloque opositor argumentan que no son claros los proyectos, y que no podría haber control. ¿Qué piensa usted?
—Por empezar, se prevé una Comisión Bicameral de control. Además, en el proyecto con media sanción está detallada obra por obra, en un anexo, perfectamente detallado: obra, costo y ubicación. Cualquiera que conoce el interior sabe que son obras que las comunas necesitan fervientemente. Es más, un porcentaje muy importante está ubicado en Municipios opositores, administrados por el Frente para la Victoria. Ahora, yo no entiendo esta negativa, cuando en el Presupuesto nacional tenemos una cifra importante para financiamiento de obras. 
—Entonces, ¿cuál cree usted que es el argumento real?
—No lo conozco, eso habría que preguntarles a ellos, pero uno tiene derecho a presumir que la intención es que ciertas cosas se traben. Pero es una presunción, los que tienen que responder sobre las verdaderas causas son ellos; lo que digo es que algunos de los argumentos que se dieron carecen totalmente de sustento. 
—En Diputados se instigó a que se traten los créditos, de prorrogarse las sesiones…
—Ese me parece un argumento un tanto sin sustento, porque si se tuvo más de seis meses para analizarlo en profundidad, y en el caso del crédito para Municipios fue más de ese tiempo, no va a ser que ahora en 15 días, porque propongan prorrogar las sesiones ordinarias, esto se va a tratar. Si ya no se trató no se lo iba a tratar justo ahora. 
—¿Qué se pretendía entonces?
—Eso también habría que preguntarles a ellos. En las sesiones siempre se recurre al debate político, son parte de las reglas de juego. No menosprecio el discurso político, soy un hombre de la política. Pero posiblemente sea por eso. Lo que sí digo es que el argumento de que esto serviría para votar los créditos que no se votaron hasta ahora, francamente no me parece de mucha firmeza.
—¿Uno de los temas por los que se barajó la posibilidad de llamar a extraordinarias era el proyecto de Presupuesto 2013?
—Respecto de eso, tengo mi opinión personal. En el caso del Presupuesto, que podría haber sido el tema para esta convocatoria, como dice el viejo dicho, cuando hay tormenta, conviene desensillar hasta que aclare. 
—¿Aclararía en febrero?
—Es lo que pienso. No conozco lo que piensa el Gobernador ni los senadores. Lo más conveniente es esperar y ver qué pasa con el contexto macroeconómico. Yo esperaría incluso hasta marzo. Estamos viviendo momentos difíciles, y el componente que distorsiona todo es el inflacionario. Hay una previsión de inflación para el año que viene del 11 por ciento, y todos sabemos que la inflación real está muy por encima de esa cifra. Entonces, creo que constituye un principio de sana prudencia y administración. 
—En el Presupuesto 2013 el Ejecutivo insiste con los créditos 
—Está prevista la toma de créditos para financiar obras, pero también están detalladas las acreencias que tiene la Provincia con la Nación, que estaría en los 1.500 millones de pesos.
—¿Cómo notó el funcionamiento del Poder Judicial?
—Creo que funciona normalmente, que están plenamente activos los mecanismos constitucionales para solucionar cualquier equivocación, y también para brindarle mayor transparencia, para eso fue previsto el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. 
—¿El caso del exjuez santotomeño Humberto De Biase Echevarría es un ejemplo de eso?
—En los últimos meses, el Jury de Enjuiciamiento separó de sus cargos a dos magistrados, y en uno de los casos recibió una ponderación de la Nación. Acá hay un mecanismo previsto y aprobado por unanimidad en la constituyente: darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y ampliarle sus potestades, y crear el Jury. Los mecanismos, que son considerados de avanzada, funcionan a pleno. Existen todos los remedios necesarios en el ámbito provincial, para solucionar cualquier eventual situación que pudiera parecer irregular. Concretamente, no tiene asidero pedir la intervención al Poder Judicial, me parece una aberración. 
—¿Y a qué responde este pedido de José María Roldán?
—Eso hay que preguntarle al autor. En la convención constituyente (de 2007) se buscó un articulado para darle protección a la Provincia, y se debatió sobre si tenía sentido poner en la Constitución provincial cierto reaseguro contra la intervención federal. Y lo que se dijo fue que si bien es así, la Provincia tenía derecho a tomar sus recaudos. Lo marca el nuevo artículo 36 de la Constitución, que se incorpora justamente porque se prevé la toma de garantías ante estas eventualidades. Está prevista la intervención, pero también lo está la declaración de guerra, y no por eso le vamos a declarar la guerra a Ghana porque retuvo la fragata, ni le declaramos la guerra a Irán, que incentivó el peor atentado de la historia argentina, contra la sociedad en general y contra la comunidad judía en particular (caso Amia). La intervención forma parte de medidas extremas que se prevén, pero no quiere decir que uno pueda manipular estas medidas. 
—¿Cree que, de todas formas, el proyecto tendría acompañamiento en el Congreso? 
—Creo que no. Ni en el Poder Ejecutivo Nacional. Confío en el buen tino del Ejecutivo y del Congreso, ese es mi pensamiento como ciudadano y como observador.