El escenario financiero para las provincias argentinas podría agravarse de manera drástica de implementarse la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional. Según estimaciones técnicas, el impacto fiscal de las medidas representaría una pérdida global de $3,18 billones en concepto de recursos coparticipables.

El origen del desfinanciamiento

La reforma contempla modificaciones sustanciales en la base imponible y reducciones en tributos que se reparten directamente entre la Nación y las provincias. Al disminuir la recaudación por estas vías bajo la premisa de incentivar la contratación en el sector privado, el costo fiscal se traslada de manera directa a los presupuestos provinciales, que ya vienen sufriendo recortes en otras partidas.

Los puntos clave del informe:

• Pérdida proyectada: La cifra de $3,18 billones se desprende del cálculo sobre la masa coparticipable bruta que dejaría de ingresar a las cuentas provinciales durante el ejercicio.

• Impacto en servicios básicos: Esta quita de fondos compromete la capacidad de los gobernadores para financiar áreas críticas como educación, salud y seguridad, que dependen mayoritariamente de estos envíos federales.

• Tensión fiscal: El recorte se produce en un momento de caída en la actividad económica, lo que dificulta a las provincias compensar la pérdida con recaudación propia.

Esta situación plantea un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno Nacional y los mandatarios provinciales, quienes advierten que el "esfuerzo fiscal" de la reforma recae casi exclusivamente sobre el interior del país.

Con información de Diario Norte de Corrientes