El mercado de trabajo en la provincia de Corrientes expone una de sus caras más crudas. De acuerdo con los registros analizados, la informalidad laboral en el distrito trepó al 50,3%, un porcentaje alarmante que ubica a la provincia muy por encima de la media nacional y la consolida entre las jurisdicciones más castigadas por el empleo no registrado en el marco de la crisis inflacionaria.

La problemática estructural del Norte argentino vuelve a quedar en evidencia al contrastar los números. Mientras el promedio general del país se sitúa en el 43,6% y grandes centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registran índices cercanos al 20%, el NEA y el NOA concentran los peores guarismos de precariedad del territorio nacional, con provincias como Formosa (59,3%) y la propia Corrientes encabezando el mapa de la desprotección.

Trabajar en la informalidad en Corrientes significa, en la práctica, hacerlo al margen de toda red de contención legal. La falta de registración priva a los trabajadores de aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo, licencias pagas y estabilidad. En un contexto donde la inflación erosiona de manera implacable los ingresos —con fuertes subas en alimentos, tarifas y servicios básicos—, los sectores informales carecen por completo de herramientas de compensación o paritarias que amortigüen la pérdida de poder adquisitivo.

El impacto de este flagelo se extiende de manera transversal en actividades clave como el comercio informal, la construcción, el servicio doméstico y los pequeños emprendimientos de subsistencia, donde los ingresos apenas permiten cubrir las necesidades elementales. La precarización laboral en suelo correntino no solo castiga el presente de los hogares, sino que hipoteca el futuro previsional de miles de trabajadores en medio de una economía regional asfixiada.

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