El escenario político nacional se encamina a una semana de alto voltaje en el Congreso. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar a una cautelar y suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 —el cual derogaba la Ley de Tierras—, ha reconfigurado el tablero pero no ha logrado desactivar la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados, dispuesta a asestarle un golpe mortal al corazón del megadecreto desregulador.
Desde el arco opositor, la lectura del fallo ha sido pragmática y, en algunos sectores, crítica. Lejos de verlo como un triunfo definitivo, interpretan la medida como un alivio temporal insuficiente y una maniobra política para descomprimir el malestar social antes de la sesión clave. Por ello, tanto desde Unión por la Patria (UP) como desde bloques federales y de izquierda, ratificaron la convocatoria para el próximo martes 15 de octubre, sosteniendo que la protección de los recursos nacionales no puede quedar atada a la volatilidad de los tiempos judiciales.
"El próximo jueves estaremos en la sesión especial para defender nuestras tierras... El Congreso tiene facultades para avanzar contra todo el DNU", explicaron fuentes de la bancada peronista, dejando en claro que la estrategia de fondo no se modifica. A este coro se sumaron diputados como Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quienes reafirmaron la necesidad de un rechazo legislativo contundente, más allá de la victoria parcial en tribunales.
El poroteo del quórum y la incógnita del número
La gran incógnita que sobrevuela el Palacio Legislativo por estas horas es si la oposición logrará reunir los números necesarios para sesionar. El oficialismo, La Libertad Avanza (LLA), apostaba a que el fallo de la Corte desinflaría la convocatoria. Sin embargo, la ratificación del embate opositor mantiene la presión al máximo.
El objetivo de la oposición dura es alcanzar los 129 diputados sentados en sus bancas para habilitar el debate. Los cálculos más optimistas puertas adentro del bloque mayoritario rondan los 116 o 117 legisladores propios. La lupa está puesta sobre los bloques "dialoguistas" —como el PRO y la UCR— y los diputados provinciales, quienes oscilan entre sus críticas al DNU y su alianza táctica con el Gobierno.
Por lo pronto, desde el PRO y el radicalismo han ratificado su estrategia histórica de no bajar al recinto para dar quórum, aunque ello no implique necesariamente un aval a la totalidad del decreto. Esta postura complica las aspiraciones opositoras y mantiene el resultado abierto.
Plan B libertario: El blindaje en comisiones
Ante la posibilidad real de sufrir una derrota política en el recinto —dado que el DNU ya fue rechazado por el Senado en 2024 y un nuevo revés en Diputados lo derogaría completamente—, La Libertad Avanza y sus aliados han puesto en marcha un plan de emergencia para intentar blindar los puntos centrales del megadecreto.
La estrategia libertaria consiste en apurar el tratamiento en comisiones de un proyecto de ley propio sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el cual buscarían modificar introduciendo un capítulo específico sobre la Ley de Tierras. De esta manera, el oficialismo busca apropiarse de la agenda de protección de los recursos, al tiempo que intenta evitar que el DNU 70/23 sea llevado al recinto y votado negativamente, lo que significaría un golpe institucional sin precedentes para la gestión de Javier Milei.
El tablero está planteado y las horas previas al 15 de octubre serán decisivas para definir si primará la estrategia judicial de la Corte, la arremetida opositora en el recinto o el blindaje legislativo que prepara el oficialismo.
Radio Éxito 105.1 | El valor de la palabra
