Construcción: la actividad cayó un 28,6% en Corrientes y advierten por el impacto en el empleo
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Corrientes, Gustavo Roselló, alertó sobre la grave situación que atraviesa el sector. La paralización de la obra pública nacional, la pérdida de puestos de trabajo y las deudas millonarias pendientes con las empresas profundizan la crisis, mientras advierten que la inversión provincial no alcanza para reactivar la industria.
El sector de la construcción en Corrientes atraviesa un momento crítico, marcado por una fuerte contracción de la actividad y la pérdida de empleo. Según precisó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) seccional Corrientes, Gustavo Roselló, la actividad en la provincia registró una caída interanual del 28,6%, ubicándose como una de las jurisdicciones más afectadas del país junto a Catamarca y Tierra del Fuego. A nivel nacional, este freno ya representa la pérdida de unos 4.000 puestos de trabajo.
La principal causa de este desplome en el ámbito local radica en el fin de un ciclo de obras clave que eran financiadas por el Estado nacional, abarcando viviendas, establecimientos educativos y obras de infraestructura. A esto se suma que el nuevo presupuesto nacional carece de un programa amplio de obras públicas para la provincia, contemplando únicamente intervenciones muy específicas como el sistema de saneamiento de Santa Catalina, lo que deja a las empresas constructoras sin perspectivas claras de reactivación a corto plazo.
Frente a la retirada de Nación, el Gobierno de Corrientes comenzó a desarrollar pequeñas iniciativas de obra pública, pavimentación y grupos habitacionales. Sin embargo, Roselló fue contundente sobre este esfuerzo: "Lo que está haciendo la provincia es importante, pero no es suficiente para la reactivación que necesitamos". Asimismo, aclaró que el esquema de concesiones viales privadas impulsado por Nación en rutas cercanas (como la 12 y la 14) demanda muy poca mano de obra y genera un impacto nulo en las empresas locales.
El conflicto se agrava por el arrastre de deudas millonarias que el Gobierno nacional mantiene con las contratistas por trabajos realizados y certificados que nunca fueron abonados. Tras años de reclamos y con el valor de la deuda licuado por la inflación, la Nación analiza transferir estos compromisos para que sean asumidos por las administraciones locales. Desde la Cámara cuestionaron duramente esta alternativa, señalando que representa una enorme carga para las provincias y exime al Estado nacional de responsabilidades ya contraídas.
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