La reforma judicial puso nerviosos a varios sectores. Casi un espejo de aquellos días de la 125, el proyecto para democratizar la Justicia que giró el Poder Ejecutivo al Parlamento causó reacciones en cadena que el Grupo Clarín amplificó desde sus filiales. La resistida iniciativa oficialista alimentó la convocatoria a cacerolear, crispó a una oposición siempre dispuesta a denunciar riesgo institucional y resucitó la idea de instalar una carpa frente al Congreso. También sirvió para transparentar la participación entre bambalinas del Pro y de otras fuerzas políticas en la organización del 18A y para avivar la vocación por el escándalo de la diputada Elisa Carrió. En ese marco, un grupo de ONGs vinculadas al macrismo y a Clarín impulsó el escrache de 12 legisladores, calificados de “indecisos” por estar en condiciones de votar en contra de la reforma. Pero detrás del evidente apriete de Clarín a los legisladores, emergieron los intereses del conjunto nucleado en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), acostumbrado a cosechar siempre nutridas ganancias. También, los vasos comunicantes entre AEA y fundaciones de corte liberal, como Poder Ciudadano.

A simple vista, la ofensiva opositora se asienta sobre las cacerolas, las denuncias de inconstitucionalidad vinculadas a la reforma del Consejo de la Magistratura y la presión mediática ejercida sobre los diputados indecisos y la oposición en general. “Clarín está detrás del rechazo opositor” al paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, denunció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en declaraciones a Radio América. Disimulada en una pretendida imparcialidad basada en lo que reclama “la gente”, el 18A contó con la colaboración activa de la derecha local, representada por el Pro, la Coalición Cívica, el peronismo federal y la pata sindical que le aportó Gerónimo “Momo” Venegas. Detrás de los blogs, los perfiles de Facebook, las cabezas de página que le dedicaron Clarín y La Nación a la protesta y de grupos como Yo soy antik, ArgentinaContraK y Movimiento Argentinos Indignados desfiló un sector de la oposición y del empresariado que no usa pechera porque prefiere el anonimato. Patricia Bullrich, en una entrevista con La Nación, cometió el imperdonable desliz de blanquear que había “articulado” el 18A. Más allá del eufemismo, ¿acaso articular no quiere decir organizar?, tuvo que desmentir(se) y casi pedir disculpas por admitirlo.

Esta semana, tras la propuesta de Carrió de frenar como sea la aprobación de la reforma judicial, un grupo de ONG que se presentan en sociedad como “apolíticas” apeló a una estrategia similar a la que habían utilizado durante el debate por la resolución 125, de retenciones móviles. Para impedir la votación en el Congreso, organizaron una campaña de recolección de firmas para reclamar a los diputados escrachados en los medios que voten contra la iniciativa. Entre las organizaciones convocantes figura la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), cuyo tesorero, Alejandro Carrió, es uno de los activos abogados del Grupo Clarín en la disputa que mantiene el multimedio con el Gobierno por la constitucionalidad de la Ley de Medios de la democracia. Otra convocante fue la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), que en su consejo honorario cuenta con Martín Böhmer, asesor de Miguel del Sel y cercano a Mauricio Macri. En ese marco, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano también se pronunciaron en contra de la reforma judicial, alegando que “tiene serios problemas de constitucionalidad y pone en riesgo la independencia judicial”. Lo cierto es que de ambas organizaciones surgieron dirigentes opositores. Entre ellos, la diputada del Pro Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, y Nicolás Ducoté, ex presidente de CIPPEC, hoy funcionario macrista. Alcanza con revisar quiénes son los directores y asesores de CIPPEC para corroborar los lazos que unen a estas supuestas ONG apolíticas directamente con la política: Jorge Giacobbe es asesor del intendente de La Plata, Pablo Bruera, y vocal de CIPPEC; Miguel Braun es uno de los fundadores de esa ONG y fue designado director del Banco Ciudad por el Pro. También forma parte de CIPPEC Guillermo Stanley, el padre de la ministra porteña, Carolina Stanley. Por otra parte, el presidente de Poder Ciudadano, Daniel Arroyo, fue ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli, en tanto que dos hombres vinculados al Grupo Clarín, el gerente Martín Etchevers y el abogado del Grupo, Hugo Wortman Jofré, integran el consejo de administración de esa ONG.

Los legisladores escrachados por Clarín y La Nación se sintieron molestos y calificaron de “presión” la campaña mediática. La titular del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, se manifestó sorprendida por el exhorto de las ONG a los diputados de su bloque para que voten contra la reforma. “Es todo un armado absurdo. Se están jugando intereses electorales a nivel nacional”, denunció. Desde el Frente para la Victoria también arreciaron las críticas: “Las ONG que escrachan indecisos no sólo son fascistas, también son chantas”, afirmó el titular del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi, en su cuenta de Twitter al advertir que los nombres de los supuestos diputados capaces de torcer los resultados de la votación iban rotando con el transcurso de las horas.Poco antes del escrache, las empresas nucleadas en AEA se plantaron contra la reforma. Mediante una solicitada, aseguraron que la reforma judicial “amenaza a las garantías constitucionales”. La agrupación que tiene entre sus miembros a Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Luis Pagani (Arcor), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Paolo Rocca (Techint), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y a Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), entre otros ejecutivos de grandes empresas, aseguró: “Desde AEA siempre hemos sostenido que el Poder Judicial tiene un rol decisivo para el desarrollo del país, y su independencia es condición necesaria para establecer la previsibilidad indispensable para realizar inversiones y generar los empleos de calidad que promuevan el bienestar de toda la sociedad”. Antes de la aparición de la solicitada, el presidente de AEA, Jaime Campos, poco proclive a las entrevistas, había adelantado la “preocupación” del empresariado por los alcances de la reforma. Lo curioso es que el mismo grupo ya había presionado al Poder Judicial a fines de 2011, cuando envió una carta a los senadores rechazando el proyecto del oficialismo para declarar de “interés público” la producción y comercialización del papel de diario. Entonces, AEA y la oposición también se unieron y denunciaron que la iniciativa cercenaba la libertad de prensa en detrimento del Grupo Clarín, enfrentado con el Gobierno por la Ley de Medios.

El financiamiento privado es vital para la supervivencia de las ONG. De modo tal que si bien se declaran apolíticas, es clave la influencia que pueden ejercer los sponsors en sus posicionamientos públicos. El último caso que salió a la luzdescubrió los vínculos entre el juez Francisco de las Carreras, integrante de la Cámara Civil y Comercial que falló a favor de Clarín sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, y el Centro de Estudios Certal, la ONG que lo invitó a participar de un congreso en Miami, con los gastos pagos, cuya fuente de financiamiento son los sponsors. Entre ellos, el Grupo Clarín y otras 50 empresas vinculadas con la industria de la comunicación.

Al cierre de esta edición, un nutrido grupo de ONG se sumaba a la oleada opositora contra la reforma judicial a través de la publicación de una solicitada titulada “¿Justicia para Todos?”. Las organizaciones, en un párrafo medular, afirmaron: “Las reformas previstas al Consejo de la Magistratura se orientan a someterlo a los vaivenes de la política, cuando lo que deberían asegurar es un Consejo con absoluta autonomía”. Confederación Sociedad Civil, Civilitas y otras ONG vinculadas al círculo judicial firmaron la solicitada junto a Fundación Compromiso, Fundación Convivir, Fundación La Nación y, otra vez, Poder Ciudadano.

La coincidencia de intereses de estos empresarios con la agenda opositora es evidente. Los lazos parecen prolongarse y rozar al mismo Poder Judicial. En esa línea, resultó sintomático que la Cámara Civil y Comercial fallara en contra de la constitucionalidad de la Ley de Medios en la víspera del 18A. Con todos estos datos, vale preguntarse qué entienden por independencia del Poder Judicial algunos referentes de la oposición y del empresariado.