En el derecho de familia, cuando los padres deciden dejar de proveer alimento, salud y protección a sus hijos menores de edad, la justicia civil y penal interviene de inmediato bajo una figura clara y tipificada: abandono de persona. En la construcción social, el Estado nace justamente para cumplir esa función ordenadora y protectora superior; un rol de amparo indelegable para con sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Sin embargo, lo que estamos viviendo en la Argentina de mediados de 2026, y que se evidencia de forma fáctica en el interior de Corrientes, es la instauración de un Estado abandonónico.

El reciente banner institucional de la Escuela Normal de nuestra localidad, donde se agradece a un comercio local y a un exalumno por donar el pan para el desayuno del turno mañana, es la prueba de este desamparo en cadena. No se trata de una linda historia de beneficencia pueblera. Que los niños y adolescentes que inician la jornada escolar a las siete y medio de la mañana dependan de la buena voluntad y el bolsillo de un comerciante para tomar una taza de leche con pan es la constatación de que la estructura pública ha desertado de sus obligaciones más esenciales. Y un chico con la panza vacía, como bien saben los docentes, no puede construir pensamiento crítico.

La triple Nelson del ajuste: Nación, Provincia y Municipio

Para desmontar el eufemismo de la "caridad", es obligatorio trazar la línea de responsabilidades, porque la deserción no es un accidente geográfico; es una decisión política compartida. El hilo conductor del abandono arranca en la Casa Rosada: el gobierno de Javier Milei licuó las transferencias a las provincias un 54% real en abril y recortó un 30% el presupuesto educativo nacional, desmantelando de raíz la provisión de alimentos a los comedores escolares de todo el territorio.

El segundo eslabón de esta cadena de crueldad opera en la capital correntina. El gobierno provincial de "Vamos Corrientes", alineado con la conducción de Juan Pablo Valdés y el senador Gustavo Valdés, funciona como un relator pasivo de la malaria. En lugar de pararse de manos con la firmeza y el rigor constitucional que amerita la emergencia alimentaria para exigir los recursos que le corresponden a Corrientes, prefiere convalidar la motosierra en Buenos Aires y licuar los presupuestos de las escuelas del interior, limitando el envío de  partidas alimentarias y  la calidad de las mismas.

Pero el abandono se vuelve total cuando miramos el plano local. El Municipio de La Cruz no puede sacarse el lazo con la pata ni mirar para el costado fingiendo que la crisis le es ajena. Ante la evidente falta de insumos en los comedores escolares de nuestro pueblo, la gestión municipal carece por completo de una política social de contingencia que intente complementar, suplir o amortiguar las falencias de la Nación y de la Provincia. Lejos de intervenir en la emergencia, las autoridades municipales mantienen los comedores comunitarios bajo llave y con candado, en un contexto de agudización de la crisis economica y social donde el consumo interno se desploma

La incompatibilidad del silencio

La intendencia local prefiere cuidar la pauta, el equilibrio fiscal de cartón y la disciplina partidaria con la gobernación antes que asegurar el plato de comida a  su comunidad. No se puede gobernar un pueblo actuando como un simple cronista de los "tiempos difíciles", repitiendo que "la plata no alcanza" mientras se es cómplice y socio político de las mismas estructuras que generan la miseria.

Cada vez que una institución escolar se ve forzada a disfrazar de "solidaridad" lo que en realidad es la ausencia criminal del Estado, les caben las generales de la ley a los tres niveles de gobierno. El pan donado por la Panadería Zorrilla salvó el desayuno de un día; deberíamos exigir que el Intendente, el Gobernador y el Presidente dejen de comportarse como padres ausentes que abandonan a su familia y asuman, de una vez por todas, las funciones para las cuales fueron elegidos.