Berón de Astrada ha perdido la calma, pero no por el crimen en sí, sino por lo que vino después. El pasado 29 de abril, el cuerpo de Ariel Santa Cruz (38) fue hallado con heridas de arma de fuego en una zona rural del Paraje Toroi. A las pocas horas, la Policía actuó con celeridad: detuvo a un sospechoso de 18 años, secuestró cartuchos, prendas de vestir y un arma de aire comprimido. Lo más impactante: el joven habría confesado el asesinato.

Sin embargo, la indignación popular estalló cuando, por orden de la jueza de Garantías María Cristina Sánchez (en subrogancia de Josefina González Cabañas), el implicado recuperó su libertad en menos de un día. Hoy, el sospechoso camina por las calles del pueblo "como si nada", según denuncian los propios familiares de la víctima.

El abismo entre la ley y la justicia

Desde una mirada analítica, este caso expone una falla sistémica alarmante. Mientras la Policía de Corrientes cumplió con los pasos reglamentarios y aportó pruebas que consideraban suficientes para mantener la detención, el criterio judicial parece habitar una realidad paralela.

¿Cómo se le explica a una comunidad pequeña que una persona que admite haber matado a otra no representa un riesgo procesal o un peligro para los vecinos? La liberación de Viera no solo revictimiza a la familia de Santa Cruz, sino que rompe el contrato de confianza entre la sociedad y la Justicia. Cuando la impunidad se vuelve cotidiana, el pedido de "Justicia" deja de ser un trámite para convertirse en un grito de supervivencia. Berón de Astrada ya organiza nuevas medidas de fuerza; el pueblo no está dispuesto a aceptar que la muerte sea gratuita.